Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, comenzaron a materializarse una serie de medidas y cambios a nivel migratorio. A pesar de que su promesa de campaña fuese la de ir en contra de los inmigrantes criminales, a continuación voy a repasar algunas de las medidas más relevantes ocurridas a lo largo del 2025.
- Deportación masiva de indocumentados, muchos sin ningún tipo de récord criminal, mediante redadas en sitios de trabajo donde es común encontrar indocumentados (fábricas, construcciones, jornaleros).
- Eliminación del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS). A varios países que disfrutaban de este estatus (Haití, Venezuela, Afganistán, Camerún, Siria, Myanmar) les fue cancelado el programa, inclusive durante su periodo de validez, tal como ocurrió con Venezuela.
- Eliminación del programa de Parole Humanitario. Esto afectó a más de un millón de personas entre el programa para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (con más de 530 mil afectados) y el programa de reunificación familiar para beneficiarios de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras de ciertas peticiones familiares.
- Eliminación del programa CBP One, el cual permitía a ciertos inmigrantes concertar una cita en la frontera para aplicar al asilo. Actualmente la aplicación fue convertida en la nueva “CBP Home”, con la finalidad de que los inmigrantes sin estatus en los EE. UU. puedan auto-deportarse.
- Incremento de los estándares legales para calificar al asilo y a la entrevista de miedo creíble para quienes entren ilegalmente por la frontera con México.
- Acuerdos de cooperación con gobiernos extranjeros para designarlos como un “tercer país seguro” y enviar a ciertos migrantes a esperar en centros de detención en dichos países mientras pelean su caso en la corte de inmigración a través de videollamadas, dificultando así la debida representación y el debido proceso.
- Eliminación del “Memorándum de Doyle”, el cual establecía las prioridades de deportación y discreción procesal para inmigrantes enfrentando juicios de deportación.
- Reapertura de casos de deportación en estatus de “cierre administrativo” y eliminación de la discreción de los jueces para desestimarlos (desecharlos).
- Eliminación de la ciudadanía por nacimiento para hijos de indocumentados. Aunque esto suena descabellado dentro del marco de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los EE. UU., la Corte Suprema accedió a revisar la legalidad del decreto presidencial, anticipando una decisión en 2026.
- Despliegue de agentes de ICE en todos los aeropuertos internacionales, donde tienen jurisdicción legal para cuestionar el estatus migratorio a cualquier persona en un radio de 500 pies, sin importar que estén viajando o no. Técnicamente pueden cuestionarle el estatus a cualquier persona volando domésticamente o inclusive solo esperando a alguien en la zona de llegadas.
- Expansión de la jurisdicción para la realización de deportaciones expeditivas a personas encontradas en cualquier parte del país y por periodos de hasta 2 años desde la entrada. Incluye la nueva interpretación de que quien sea detenido luego de haberse iniciado un proceso de remoción expeditiva, estará sujeto a detención mandatoria.
- Incremento de acuerdos con gobiernos y autoridades locales bajo la sección 287(g), para permitirles a las autoridades locales arrestar a indocumentados y ponerlos a la orden del gobierno federal.
- Continuación de la construcción del muro fronterizo y despliegue de la Guardia Nacional en la frontera.
- Reactivación de la “carga pública” como impedimento para inmigrar, afectando a quienes hayan recibido ayudas del estado.
- Veto de emisión de visas a personas de ciertos países y veto de entrada a extranjeros de ciertas nacionalidades, con algunas excepciones.
- Implementación de una “pausa”, inicialmente por 90 días, en la emisión de decisiones de cualquier aplicación de asilo afirmativo o beneficio migratorio que involucren a ciudadanos de ciertos países, entre ellos Venezuela.
- Despido de jueces de inmigración no alineados con las políticas migratorias del presidente Trump, y nombramiento de jueces militares para ejercer funciones como jueces de inmigración.
El incremento de personas siendo colocadas en procedimiento de deportación solo contribuye al ineludible colapso del sistema de deportación y cortes de inmigración de manera acelerada. Con apenas unos 700 jueces activos de inmigración en todo el país, y aun si lograran triplicar ese número, tomando en cuenta que un juez de inmigración solo tiene capacidad para ventilar unos 5-6 juicios de deportación por semana, eso arroja una capacidad limitada de apenas unos 300 juicios al año por cada juez. Lo cual, multiplicado por 2.000 jueces (en el caso que triplicaran la capacidad actual), apenas lograrían deportar entre 500 y 600 mil extranjeros junto con sus familias por año. Tomando en cuenta que, de acuerdo con estimados oficiales, hay más de 12 millones de indocumentados en los EE. UU., tomaría unos 20 años aproximadamente deportarlos a todos.
Aunque parezca ficción durante la administración actual, pienso que una vez controlado el cruce ilegal por la frontera sur y completada la deportación de muchos extranjeros criminales, un nuevo congreso demócrata podría impulsar un proyecto de ley de reforma integral migratoria que permita la regularización de indocumentados, tal como ocurrió durante la administración del presidente Reagan. Pienso que podría lograrse un consenso bipartidista para una reforma migratoria ya que, por parte de los republicanos, siempre han objetado el hecho de que la frontera sur no estaba bajo control y que una reforma migratoria alentaría a más personas a cruzarse ilegalmente para intentar beneficiarse de dicha reforma. Pero en esta ocasión, la administración del presidente Trump logró llevar a cero los cruces ilegales en los meses recientes.
*El contenido de este artículo solo representa la opinión del autor. Consulte siempre con abogados de inmigración reputados y licenciados en los EE. UU. y no con notarios, consultores o coaches de inmigración, los cuales no se encuentran acreditados ni poseen el conocimiento adecuado para realizar determinaciones legales de elegibilidad. Si desea analizar o consultar su situación migratoria individual con el autor, debe llamar al 833-MIGRACION y concertar una cita. www.abogadolatinohouston.com*
