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A raíz de la aprobación del TPS para los venezolanos y a propósito de la altísima cantidad de connacionales que han cruzado la frontera ilegalmente, se han proliferado muchos mitos en materia inmigratoria, las cuales no necesariamente son ciertos. En primer lugar, la gran mayoría piensa que lo que está haciendo es simplemente aplicando a un asilo político en los EEUU, sin saber que lo que realmente está ocurriendo es que se ha institucionalizado un juicio de deportación en su contra desde el mismo momento que entro en contacto con un agente fronterizo, y que el asilo simplemente constituye una defensa frente a ese proceso de deportación que ya comenzó.
Desde la aprobación del TPS, existe un mito de que una vez la persona obtenga dicho estatus, automáticamente es prerrogativa de este el seguir o no con “el asilo” en la corte. La realidad, como yo se la explico a muchos de mis clientes, es que una vez están enfrentando un proceso de deportación, es como si se subieron a un autobús que cerro sus puertas y arranco con ellos adentro del cual ya no pueden bajarse. Es decir, el proceso continuará quieran ellos o no. Por tanto, la representación de un abogado competente es crucial para la correcta canalización del proceso que enfrenta, ya que solo los abogados conocemos el abanico de posibilidades legales y procesales que podrían maximizar la oportunidad de éxito en un caso de deportación.
Desde el anuncio de las nuevas políticas de prioridades de deportación por parte de ICE, el gobierno ha manifestado su intención de enfocar sus esfuerzos de efectuar la deportación de individuos que tengan récord criminal o que de alguna representen una amenaza para la seguridad de los EEUU. Esto les permitirá a los fiscales de inmigración básicamente decidir cuáles casos proseguir y cuáles desechar. Esto podría ocurrir inclusive en el contexto de un individuo que no tenga un TPS aprobado o cualquier otro beneficio de protección, ya que el objetivo detrás del memorándum de prioridades es el de intentar reducir un poco la incontrolable carga de casos pendiente en las cortes de inmigración del país la cual ya asciende a más de un millón setecientos mil casos.
Por supuesto que , el tener un TPS aprobado le permitirá al abogado representando el caso, una base para negociar con el fiscal o la posibilidad de introducir una moción con la corte (conjunta con el fiscal o unilateralmente) solicitándole al juez un cierre administrativo o inclusive una terminación total del proceso de deportación del individuo. Sin embargo, es importante entender que esta no es simplemente una decisión del cliente, sino del juez. Habrá casos en donde el abogado recomiende litigar el caso a pesar de la posibilidad de cierre administrativo, ya que puede que el caso sea uno con suficiente solidez que le proporcione confianza al abogado como para recomendarle a su cliente ir adelante con el litigio.
Sin embargo, en aquellos casos en donde la oportunidad de éxito pueda ser relativamente bajo, buscar algún tipo de beneficio procesal podría ser una excelente alternativa a enfrentar la posibilidad de recibir una orden de deportación después de un litigio. Por otro lado, lo que muchos no saben es que uno de los grandes beneficios de lograr el cierre total del juicio de deportación y quedarse con el TPS, es que si en el futuro el TPS fuese eliminado (cosa que dudo), la persona podría en ese momento introducir un asilo nuevamente y comenzar su proceso de cero, ya que la introducción temporánea original del asilo de alguna manera ya interrumpió la prescripción del año para aplicar desde la fecha de su entrada. Adicionalmente, una eventual eliminación del TPS constituiría un cambio de circunstancias que le permitiría al beneficiario presentar una nueva solicitud de asilo en ese momento.
Consulte siempre con abogados de inmigración licenciados en los Estados Unidos sobre su situación individual inmigratoria. Únicamente abogados licenciados en algún estado de los EEUU pueden dar asesoría en materia de inmigración.
