Fotografía de archivo de activistas durante una manifestación a favor del estatus de protección temporal (TPS) en Washington (EE.UU.). EFE/Lenin Nolly
El TPS para Venezuela llegó para quedarse. Una tesis que desde los comienzos de este beneficio he sostenido y del cual se ha derivado el lema de que: “Aquí NO se va nadie” … Pero con un tema tan controversial que involucra posturas políticas, pareciera estar manchada de incongruencias por parte de la propia administración del gobierno de Donald Trump. Por un lado escuchamos declaraciones tanto del mismo presidente como de los miembros de su gabinete como el Secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio y la Secretaria del Departamento de Seguridad Interna, Christie Noem de que en Venezuela no existe un gobierno legítimo establecido, sino que es un país tomado por un cartel de drogas, específicamente ‘el cartel de los soles”.
Sin embargo, cuando se trata del beneficio de protección temporal (TPS) para venezolanos, pareciera que el discurso cambia radicalmente ya que los reportes migratorios sugieren que los ciudadanos venezolanos protegidos actualmente en los EEUU ya pueden regresar de manera “segura” a su país, y por lo tanto no se justifica la continuación del TPS.
Esta misma tesis llevó a la administración del presidente Trump a revocar la extensión publicada en el registro federal por el entonces secretario Mayorkas, y que fue objeto de un arduo litigio sobre la legalidad de dicho acto administrativo. En una demanda interpuesta en la corte federal del distrito norte de California, el juez Edward Chen decidió que efectivamente la extensión previamente otorgada por el secretario Mayorkas fue ilegalmente revocada por la nueva secretaria de seguridad interna Christie Noem en un intento por despojar a más de 600 mil venezolanos actualmente protegidos por dicho beneficio entre los dos grupos de tepeseanos (2021 y 2023).
Con la reciente decisión del Juez Chen se determinó también que la Secretaria Noem no solo no tenía autoridad legal para revocar dicha extensión, sino que el gobierno había fallado en producir evidencias para sustentar su tesis de que la circunstancias en Venezuela habrían “mejorado” para así justificar su cambio de postura a menos de tan solo 20 días después de que se hubiese publicado la extensión del TPS en el registro federal a comienzos del mes de Enero 2025.
Sabemos que el TPS constituye sólo un alivio temporal, el cual no resultará en una residencia permanente. Por lo tanto, dentro de toda esta incertidumbre, es imprescindible para todos los beneficiarios de TPS de cualquier país, el analizar sus opciones y evaluar sus diferentes alternativas. Aun si se ganara el litigio del TPS en California, en el mejor de los casos dicho beneficio solo sería extendido hasta Octubre 2026. El gobierno muy probablemente anunciará la terminación de dicho beneficio antes de su vencimiento. Y cientos de miles de venezolanos podrían quedar desprotegidos y sin ningún estatus legal.
Días previos a la decisión del Juez Chen, la corte de apelaciones del 9no Circuito determinó en una decisión, que el juez Chen si tenía jurisdicción legal para decidir sobre este caso de la terminación del TPS. Esto deja al gobierno de Trump acorralado en sus opciones de atacar dicha decisión en su posible apelación del caso. También, aleja la posibilidad de que la efectividad de la decisión del juez Chen sea dejada de lado o suspendida por la corte de apelaciones ya que cualquier apelación deberá ir al mismo panel de jueces que decidieron previamente y que están familiarizados con este caso.
En este punto, pienso que la pelea más importante ya fue ganada, Es muy probable que un proceso de apelación pueda demorar tantos meses que les permita a los beneficiarios del TPS completar el periodo de extensión hasta Octubre 02, 2026. Por otro lado, el litigio existente por los beneficiarios del TPS de Nicaragua, Honduras y Haití, representan la apertura de un camino legal y posiblemente el de sentar un precedente de que no es tan fácilmente despojar a un país del beneficio de TPS sin previamente documentar claramente los aspectos de mejoría del país involucrado el cual justifique la terminación del beneficio. Es posible que los venezolanos experimentemos otra batalla legal en 2026 para demostrar la justificación de la continuidad del TPS más allá de Octubre 2026.
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