El Gobierno de Venezuela manifestó su rechazo a la ley impuesta por el Congreso de Estados Unidos, conocida como “Nica Act”, que implica una serie de sanciones económicas a Nicaragua.
Venezuela, que considera como un país amigo a Nicaragua, calificó esta legislación como un nefasto instrumento injerencista e igualmente acusó a EE.UU., de pretender coaccionar y condicionar el financiamiento internacional de organismos multilaterales hacia el Gobierno de Daniel Ortega.
Esta ley, aprobada por unanimidad, impone sanciones individuales para miembros del Gobierno de Daniel Ortega, además de limitar el acceso de Nicaragua a préstamos internacionales, incluyendo los del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).