Fotografía de archivo de personas mientras sostienen carteles con imágenes de presos políticos en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez
Este jueves, Venezuela oficializó el cierre definitivo de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, mecanismo que buscaba desescalar la tensión política en el país.
Durante el anuncio, Delcy Rodríguez presentó un balance detallado del proceso iniciado el pasado 19 de febrero. Rodríguez destacó la eficiencia administrativa de los organismos del Estado para procesar un alto volumen de expedientes en tiempo récord:
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Solicitudes recibidas: Aproximadamente 12,000 personas aplicaron al beneficio.
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Beneficios otorgados: Se concedió la libertad plena a 8,616 ciudadanos.
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Objetivo cumplido: La administración calificó el resultado como un “paso vital” para restablecer la armonía política y la paz social.
Por otro lado, enfatizó que la culminación de la amnistía no implica el desamparo legal para quienes fueron excluidos por la ley o cuyos casos no se resolvieron a tiempo. La nueva estrategia del Estado ahora se divide en dos frentes:
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Nuevos espacios de diálogo: Canales políticos para atender casos específicos de alta sensibilidad.
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Mecanismos de reforma: Una reestructuración del sistema de justicia diseñada para canalizar los expedientes pendientes bajo criterios de celeridad y derecho procesal.
