El régimen de Nicolás Maduro le pidió a la justicia europea anular el embargo de armas impuesto por la Unión Europea (UE) en 2017, catalogándolas como contrarias al derecho internacional.
Estas sanciones consisten en prohibir la exportación de armas y equipos que puedan utilizarse para la represión interna, las mismas fueron impuestas por el deterioro de la situación en Venezuela.
A partir de estas sanciones los intercambios comerciales entre la UE y Venezuela pasaron de los 76 millones en 2016 a los 59 millones en 2017 y a cero en 2018.