El presidente de EE.UU., Donald Trump, en una foto de archivo. EFE/EPA/FRANCIS CHUNG / POOL
A poco más de un mes de la toma de posesión del segundo mandato del presidente Trump, hemos visto como nos ha bombardeado con órdenes ejecutivas relativas a diferentes temas incluyendo el inmigratorio. Específicamente, ha recrudecido el enforzamiento de las leyes inmigratorias llevando a cabo actividades de deportación de inmigrantes indocumentados.
Aquí les dejo un recuento de las acciones migratorias actuales la cual incluye el desmantelamiento de muchos programas migratorios creados por la administración de Biden:
Eliminación del programa de Parole Humanitario: Este programa fue inicialmente creado con el fin de evitar que los migrantes de las nacionalidades designadas (Cuba, Haití, Venezuela, Nicaragua) crucen ilegalmente hacia los EEUU en su objetivo de pedir protección de asilo en los EEUU.
Eliminación del programa CBP ONE: También creado por la pasada administración el cual tenía por objetivo que los migrantes entraran de manera ordenada solicitando una cita a través de dicha aplicación.
Revocación de la extensión de 18 meses del TPS para Venezuela previamente otorgada por el ex secretario del DHS, Alejandro Mayorcas (Actualmente siendo litigado en las cortes federales de California y Maryland).
Eliminación del Programa de Parole por Reunificación Familiar para ciudadanos de algunos países de sur américa para algunos beneficiarios de peticiones familiares y así puedan esperar su turno dentro de los EEUU.
Reactivación de vuelos de deportación hacia Venezuela de manera directa o en algunos casos a través de la colaboración de países intermediarios.
Reactivación del controversial programa MPP (protocolo de protección de migrantes también conocido como “esperar en México”.
Fin de la discreción prosecutorial de parte de los abogados del gobierno para desestimar algunos casos de deportación pendientes en las cortes que no eran prioridad para el gobierno y no representaban una amenaza para la seguridad de los EEUU.
Expansión de la jurisdicción legal para poder aplicar un proceso de deportación expedita a personas que tengan menos de 2 años de haber llegado a los EEUU y sean encontradas en cualquier parte del país. Originalmente solo se le podía aplicar a quienes estuviesen menos de 14 días en los EEUU y encontrados hasta dentro de 100 millas de la frontera.
Despliegue de agentes de ICE en todos los aeropuertos internacionales en donde tienen jurisdicción legal para cuestionar el estatus inmigratorio a cualquier persona a 500 pies a la redonda en el caso de aeropuertos sin importar que estén viajando o no. Técnicamente podrían cuestionar el estatus a cualquier persona volando domésticamente o inclusive solo esperando a una persona en la zona de arribos aun si no está viajando.
Detención y arrestos masivos de personas indocumentadas, principalmente quienes tuvieran órdenes previas de deportación y criminales. Personas sin récord criminal también pueden estar expuestas a enfrentar un juicio de deportación sólo por haber violado su estatus legal.
Continuación de la construcción del muro fronterizo y despliegue de la guardia nacional en la frontera
Incremento de acuerdos con los gobiernos y autoridades locales bajo la sección 287(g) para permitirles a las autoridades locales arrestar a indocumentados y ponerlos a la orden del gobierno federal.
Esto significa que cualquier contacto que una persona indocumentada tenga con un oficial de policía local u otras agencias de aplicación de la ley locales podría resultar en arresto, detención y deportación para esa persona y otras personas a su alrededor. Otras personas que podrían ser blancos fáciles para la administración entrante son los casi 1,3 millones de personas que tienen una orden de deportación final, muchas de las cuales están actualmente vigiladas por el ICE. Debido a que ya tienen una orden de deportación, estas personas no tendrán automáticamente la oportunidad de presentarse ante un juez de inmigración.
Eliminación de la ciudadanía por nacimiento para hijos de indocumentados. Esto es algo un tanto más complejo de llevar a cabo ya que requiere de una enmienda a la constitución. Debe ser propuesta por al menos dos tercios de ambas cámaras del congreso federal, ó dos tercios de los estados. Para ser adoptada deberá ser aprobado por la legislatura de al menos tres cuartos de los estados de la unión
Se han reportado algunos arrestos de personas con orden de deportación, pero en situación de liberación bajo orden de supervisión. Muchas personas en esta situación se les ordenó presentarse ante el ICE, y fueron arrestadas y deportadas rápidamente con poco aviso. Sus seres queridos también podrían estar en riesgo de ser arrestados si tampoco tienen documentación legal, ya que los agentes del ICE también han puesto en la mira a quienes no están en su radar pero que viven o trabajan cerca de personas bajo vigilancia actual. Estos “arrestos colaterales” pueden ocurrir en lugares donde las personas trabajan o en sus hogares.
El estudio del Consejo Estadounidense de Inmigración sobre los costos de la deportación masiva concluyó que el gobierno tendría que gastar al menos 88 mil millones de dólares por año para ampliar drásticamente su infraestructura de detención y deportación para deportar a un millón de personas por año. Incluso con este financiamiento, la administración Trump se enfrentará a otros obstáculos para poder cumplir su objetivo. Con unos 3,7 millones de casos pendientes en las cortes de inmigración ante tan sólo unos 700 jueces de inmigración, estos casos podrían tardar años en resolverse.
Consulte siempre con abogados de inmigración licenciados en los EEUU y no con notarios, consultores o coaches de inmigración, los cuales no se encuentran acreditados ni poseen el conocimiento adecuado para realizar determinaciones legales de elegibilidad. Si desea analizar o consultar su situación inmigratoria individual con el autor, debe llamar al 833-MIGRACION y concertar una cita. www.abogadolatinohouston.com
