AFP.- “Hoy somos galleros, mañana seremos delincuentes”: de esta manera Jorge Miranda, un gallero de 42 años, describió el viernes la situación de miles de personas que se dedican a la industria de los gallos en el territorio estadounidense de Puerto Rico. Jorge Miranda y su esposa complementan los ingresos de su hogar con lo que les producen sus gallos de pelea.
“Cada uno de nosotros tiene su trabajo, esto lo hacemos porque nos gusta. Los ingresos de nuestro hogar se pueden afectar en un 45 o 50%. La gente no entiende que esto mueve la economía, no solo de los galleros, del país completo”, reclamó Miranda.
Las peleas de gallos en Puerto Rico están amenazadas debido a la Ley de Agricultura y Nutrición de 2018 conocida como Farm Bill, que prohíbe esta actividad en los estados y los territorios. El estatuto, firmado por el presidente Donald Trump en 2018, entró en vigor el viernes.
Adelantándose a este momento, el miércoles la gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó una ley local que desafía la ley federal porque permitirá a las galleras seguir operando por dos años. Sin embargo, esta nueva medida prohíbe la importación de pollos y gallos de pelea. Esto es un recurso con el que los puertorriqueños esperan poder circunvalar la ley federal porque mantiene la totalidad del negocio dentro de los límites de la isla.
Adelantándose a este momento, el miércoles la gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó una ley local que desafía la ley federal porque permitirá a las galleras seguir operando por dos años. Sin embargo, esta nueva medida prohíbe la importación de pollos y gallos de pelea. Esto es un recurso con el que los puertorriqueños esperan poder circunvalar la ley federal porque mantiene la totalidad del negocio dentro de los límites de la isla
