Héctor López, Abogado Especialista en Inmigración
El Protocolo de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) es una política implementada desde comienzos de este año 2019 a todos aquellos individuos que se presenten sin la debida documentación de ingreso legal en la frontera sur de los EE.UU., y que consiste en devolverlos a México mientras esperan ser procesados.
Se estima hay cientos de venezolanos actualmente atrapados en México esperando una fecha de audiencia.
Aun cuando el Departamento de Seguridad interna de los EE.UU. (DHS) dice que el objetivo de este programa es el ofrecer “protección” al alto flujo de migrantes que se están presentando en la frontera EE.UU.-México, las historias de los propios migrantes dicen otra cosa.
La sección 235 de la ley de inmigración y ciudadanía le confiere la potestad al DHS de detener y regresar a México a cualquier individuo que este arribando por tierra a los EE.UU., bien sea a un puesto de entrada fronterizo o no, o que hayan sido encontrados a lo largo de la frontera y que no sean claramente admisibles a los EE.UU. Estos serán colocados en proceso de deportación y regresados a México a esperar su turno para ser procesados.
El gobierno de México ha sido notificado de este procedimiento y ha accedido a ofrecer protección y amparo temporal a los migrantes a quienes el gobierno de los EE.UU. les haya emitido una notificación de comparecencia ante un juez de inmigración para probar su caso de asilo o ser deportados. Sin embargo, la protección ofrecida por México se limita a permitirles quedarse allí en su país hasta terminar ser procesados por las cortes de los EE.UU.
Los niños no acompañados están exentos de ser incluidos en este programa, al igual que algunas personas consideradas vulnerables, pero serán caso por caso.
El gobierno de los EE.UU. alega que el objetivo de este programa es el de controlar y reducir el flujo de migrantes realizando aplicaciones de asilo sin fundamento. Dicen que, en el pasado, quien se presentaba en la frontera y aplicaba al asilo, terminaba no acudiendo a sus audiencias y se diluía dentro de los EE.UU.
Por esa razón, ya no les permitirán la entrada a los EE.UU., sino que, por el contrario, serán devueltos a México luego de emitirles una noticia de comparecencia para ver a un juez de inmigración y enfrentar un proceso de deportación. Estas personas les serán permitida la entrada solo para atender a su audiencia y serán escoltadas de vuelta a la frontera para que continúen esperando en México.
Pienso que este proceso es violatorio de muchos derechos básicos de los migrantes, así como su derecho al debido proceso, al de tener un juicio justo, expedito, en libertad y al debido acceso a la representación legal debida. Al encontrase el procesado en México, se dificulta substancialmente el acceso a la representación de un abogado, ya que es mucho mas riesgosa y compleja la logística para conferir con el cliente y prepararlo para sus audiencias.
También es como una especie de trampa o chantaje procesal, ya que una vez en el proceso, quien desista de pelear su caso o no se presente a su audiencia, seria deportado en su ausencia. Los tiempos procesales de la mayoría de los juicios de deportación para quienes no se encuentran detenidos es de aproximadamente de 1 a 2 años en promedio. Lo cual desgastaría y desalentaría a muchos a querer proseguir con sus casos.
Consulte con abogados de inmigración debidamente licenciados en los EE.UU. Solo los abogados de inmigración debidamente licenciados podrán asistirle apropiadamente. Si desea analizar o consultar su situación inmigratoria individual con el autor, debe llamar al 713-532-2110 y concertar una cita. www.abogadolatinohouston.com
