Foto: EFE/ Ernesto Guzman Jr
El 28 de julio de 2024, las fuerzas democráticas opositoras venezolanas consiguieron una contundente e incuestionable victoria con el triunfo del candidato Edmundo González Urrutia, en una elección presidencial celebrada, con privación de los principios y garantías básicas que determinan el orden democrático en el país.
Elección realizada en un ambiente de evidente ventajismo por parte del gobierno nacional que, con absoluto y abusivo apoyo del órgano rector en materia electoral, antes, durante y después del evento electoral, disfrutó de diferentes privilegios, como el hecho de pervertir el resultado de los comicios, dando por sentado el triunfo de Nicolas Maduro, con 5.150.092 votos (51,20%), según datos aportados infundadamente por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso.
La realidad de lo que sucedió el 28 de julio fue por completo distinta, como lo reflejan las actas recabadas en la noche por los testigos opositores directamente de las máquinas de votación del CNE. Las actas digitalizadas en poder del Comando por Venezuela son 25.073 (83,50%), que indican que Edmundo González Urrutia obtuvo 7.303.408 para un 67%, por 3.316.142 votos para Nicolás Maduro (30%). El resto de los candidatos contabilizó 267.640 (2%). Estos resultados los conoce muy bien el régimen, porque fueron las mismas actas que recibieron los testigos del régimen en cada centro electoral. La diferencia de Edmundo González lo hace inalcanzable sin totalizar las 16.5% de actas que restan.
Es de destacar que el CNE no hizo público el resultado del proceso de elección presidencial. El plazo que dicta la ley se venció el 28 de agosto e incluso a la fecha sigue en mora.
A escasas horas del anuncio, el día 29 de julio de 2024, la sociedad expresó su descontento a través de protestas cívicas y pacíficas, las cuales fueron reducidas por el ejercicio abusivo del poder estatal y con apoyo de sus órganos militares, policiales, civiles y paramilitares armados, desatando una brutal ola de represión en contra de toda la población venezolana, hechos calificados por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la ONU, como Terrorismo de Estado, materializando una serie de ataques sistematizados como: homicidios, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, represión contra todo tipo de manifestación pacífica, allanamientos, tratos crueles, inhumanos y degradantes, detenciones de niños y personas con discapacidad, dando origen a la perpetración de delitos de lesa humanidad.
En razón a lo expuesto, entre otros motivos, sirva la presente misiva para solicitar el acompañamiento y solidaridad de las organizaciones internacionales, Poderes Públicos de Occidente y organismos de juristas del mundo, con el fin de formular denuncias y gestiones urgentes y necesarias orientadas al restablecimiento del hilo constitucional en Venezuela, en acato a la verdad y a la voluntad de la soberanía popular expresada el 28 de julio de 2024. En tal sentido, se promuevan acciones conjuntas para:
- Alcanzar el reconocimiento internacional del señor Edmundo González Urrutia, como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela y coadyuvar para que el próximo 10 de enero de 2025 tome formal posesión del cargo.
- Lograr:
- a) El cese inmediato de la represión postelectoral y la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente. Entre ellos los dirigentes políticos Freddy Superlano, Roland Carreño, Henry Alviarez, Dignora Hernández y William Dávila Barrios, entre otros, quienes fueron privados de la libertad para desarticular a las organizaciones políticas. En el informe que presentamos adjunto, se detallan otros nombres de los 1.905 detenidos considerados como “presos políticos” que hay en Venezuela, según la reconocida ONG Foro Penal.
- b) La Suspensión del bloqueo a medios electrónicos o persecución digital.
- Solicitar la aprehensión internacional de Nicolás Maduro y altos funcionarios de su régimen, responsables de la violación sistemática de DDHH; del presidente del CNE, Elvis Amoroso, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez y la vicepresidente, Delcy Rodríguez, entre otros.
- Establecer la responsabilidad de los órganos del Sistema de Justicia (Presidente y magistrados del TSJ, jueces penales, Fiscal General de la Nación y demás fiscales del Ministerio Público, Defensores Públicos, etc.) como actores de la violación de DDHH y del terrorismo de Estado y directores de los organismos de seguridad militar, policial, civil, así como las bandas paramilitares del régimen.
- Establecer los mecanismos de atención y apoyo a quienes requieran asilo o la emisión de salvoconductos.
- Solicitar una investigación independiente por el asesinato del activista Edwin Santos de Voluntad Popular y jefe de campaña de María Corina Machado para la elección presidencial, en El Nula, estado Apure, para juzgar a los autores de tan horrendo crimen, así como a aquellos que trataron de ocultar la realidad de los hechos, y por la muerte de Jesús Manuel Martínez Medina, en Aragua de Barcelona, estado Anzoátegui, quién fallece en condiciones infrahumanas luego de su detención arbitraria por parte del régimen el pasado 29 de julio, por el hecho de haber trabajado como testigo de mesa en el proceso. Electoral
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