El gobierno de Nicaragua emitió este miércoles una lista con la identidad de 100 presos políticos que han pasado a tener “casa por cárcel”, en el marco del inicio de las negociaciones de representantes del presiente Daniel Ortega con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
“Estas personas han recibido el beneficio de convivencia familiar u otras medidas cautelares”, así lo dio a conocer el Ministerio de Gobernación, a través de una nota informativa en la que por primera vez las autoridades no se refieren a los manifestantes como “terroristas” o “golpistas”.
Los manifestantes “se encontraban detenidos por haber cometido delitos contra la seguridad común y delitos contra la tranquilidad pública”, dijo el Ministerio de Gobernación de Nicaragua.
Entre los manifestantes más conocidos que recibieron la medida cautelar se encuentran: el ex concejal opositor de Managua Carlos Valle, el veterano maratonista Alex Vanegas, el basquetbolista Carlos Silva, así como Ruth Matute y Brenda Muñoz, quienes denunciaron que se les impidió la atención médica a pesar de que la primera finalmente requirió un trasplante de marcapasos y la segunda sufre cáncer de páncreas terminal.
Los manifestantes presos salieron en horas de la mañana de ayer de las cárceles La Modelo, de varones, y La Esperanza, de mujeres, y luego, fueron trasladados hasta sus viviendas en microbuses del Sistema Penitenciario Nacional.
El Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos solamente había logrado comprobar el cambio de régimen carcelario para un poco más del 50% de los reos.
La liberación de al menos 100 reos, aunque limitada, era un rumor a voces en Nicaragua desde el viernes pasado, cuando el Poder Judicial suspendió la celebración de los juicios contra los manifestantes, luego de que el Gobierno y un grupo de empresarios habían confirmado el inicio de las negociaciones.
El Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos exige la libertad definitiva de unos 777 manifestantes convictos, para validar unas negociaciones que, según la oposición, deben llevar a un adelanto de las elecciones generales del 2021.
Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos locales humanitarios elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
La CIDH ha insistido en que el Gobierno de Nicaragua ha cometido crímenes “de lesa humanidad”, mientras que la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) está en proceso en la Organización de Estados Americanos (OEA).
EV Houston Newspaper / EFE