Fotografía cedida este lunes, 22 de mayo, por Prensa Miraflores, en la que se registró la presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras firmar la Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero, en Caracas (Venezuela). EFE/Prensa Miraflores
(EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó este lunes la Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero, un marco de acción para “proteger el patrimonio” del país frente a cualquier intento o acción de expolio desde el extranjero, con el apoyo o no de venezolanos.
“Procedo a firmar, a extender la aprobación de esta ley tan importante para el patrimonio”, dijo el mandatario durante la transmisión de su programa de televisión “Con Maduro +”.
Dijo que este es un instrumento legal para “proteger los bienes y patrimonios” que les pertenecen a los venezolanos.
El texto legislativo, aprobado por el Parlamento de mayoría chavista el jueves, tiene como finalidad “proteger el patrimonio” venezolano frente a cualquier “intento o acción de expolio, protagonizado desde el extranjero, con o sin la participación de personas o entidades venezolanas”.
El diputado chavista y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, dijo que la ley declara como nulo cualquier intento o acción de “organismos internacionales” contra bienes del Estado, “que le pertenecen al pueblo de Venezuela, no le pertenecen a los Estados Unidos ni le pertenecen a ningún grupo político de la oposición venezolana”.
El Departamento del Tesoro estadounidense decidió a principios de este mes, a través de la licencia general número 42, no adoptar “medidas coercitivas” para bloquear la subasta o un acuerdo negociado sobre Citgo, filial de la venezolana petrolera Pdvsa en EE.UU.
La licencia autoriza al Parlamento del periodo 2016-2021, formado por una amplia mayoría opositora y relevado en 2021 por un Legislativo de mayoría chavista, a efectuar “ciertas transacciones” en relación con “cualquier deuda del Gobierno de Venezuela”, Pdvsa o “cualquier entidad” en la que la estatal posea “una participación del 50 % o más”.
La decisión también permite la “negociación de acuerdos de conciliación” con personas designadas por este Legislativo, considerado por EE.UU. como la última institución elegida democráticamente en Venezuela.
