Foto: EFE/Justin Lane/Archivo
(EFE).- La moratoria para los desalojos se ha convertido en la tabla de salvación para millones de familias en EE.UU. que a raíz de la pandemia del coronavirus perdieron sus empleos o vieron caer sus ingresos y, entre los trámites o su condición migratoria, no han podido acceder a las ayudas oficiales para el pago de alquileres.
Y es que la pandemia no sólo ha dejado millones de contagiados y más de 600.000 muertes en la primera potencia mundial, sino que arrasó con la economía de familias que ahora se aferran a esta prohibición federal o a una serie de medidas estatales y locales para permanecer en sus viviendas.
De allí que movimientos como “Cancel the rent” (“Condone la renta”) hayan empezado a crecer en distintas ciudades, primero como grupos de inquilinos agobiados y ahora como una mezcla de afectados y organizaciones sociales de apoyo.
Amy Gellatly, abogada de Bread for the City, una organización que ofrece servicios legales y se ha sumado a la campaña “Cancel the rent DC”, explicó a Efe que muchas personas tienen “mucha ansiedad” sobre cómo pagar la renta y cuándo podrán encontrar nuevamente un empleo.
Pese a destacar que la ayuda federal ha llegado a distintos estados y al Distrito de Columbia, donde está Washington, admitió que para acceder a esos recursos la gente tiene que cumplir distintos requisitos.
“Es mucho dinero que estamos recibiendo del Gobierno federal, pero lo difícil es obtenerlo y asegurar que la gente que realmente lo necesita lo reciba”, afirmó.
Gellatly relató que los aspirantes requieren tener acceso a internet para llenar una aplicación que para algunas personas es difícil de entender o supone una traba, ya que se exigen pruebas de las que no disponen.
Pero de llegarse a la instancia de un desalojo, esta abogada admite que lo más complicado en este país “es que cada estado tiene sus propias leyes” sobre ese proceso, lo que genera “mucha confusión”.
Apuntó, en ese contexto, que la moratoria federal prohíbe el procedimiento de desalojo en sí, mientras que otras decisiones adoptadas por las autoridades locales, como en el caso de DC, evitaron hasta finales de julio pasado que los propietarios enviaran cartas a los inquilinos o iniciaran procesos de desalojo en las cortes.
Sin embargo, advirtió, estas medidas han empezado a caducar y existen estados donde un dueño puede exigir la salida de los arrendatarios desprovistos de protecciones legales, lo que deja a las familias a la espera de un salvavidas desde el Gobierno federal.