Imagen de archivo de la peruana Keiko Fujimori. EFE/ Paolo Aguilar
(EFE).- El equipo de la Fiscalía que investiga el caso Lava Jato en Perú amplió este miércoles a 35 años el pedido de prisión para la líder política Keiko Fujimori por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, lavado de activos y otros, a partir de la financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016.
El Ministerio Público informó en un comunicado que la petición fue incluida en la nueva presentación de la acusación penal del llamado ‘caso cócteles’, después de que el juicio oral, en el que pedía 30 años de cárcel para Fujimori, fuera anulado en abril pasado y el proceso devuelto a la etapa previa de acusación.
Pérez imputó este miércoles a Fujimori y a los exdirigentes fujimoristas Pier Figari, Ana Rosa Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper, Adriana Tarazona y Augusto Bedoya.
Incluyó también al exesposo de Fujimori, Mark Vito Villanella, y a Ana Cecilia Matsuno, Giancarlo Bertini, Hugo Tasayco, Juan Carlos Luna, Luis Mejía y Rafael Herrera, así como al partido Fuerza Popular y a la empresa MVV Bienes Raíces, como personas jurídicas.
Además de los 35 años de prisión para la hija y heredera política del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), el fiscal solicitó que se le impongan 730 días multa, por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos agravado en organización criminal, en concurso con falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica.
En su petición, Pérez también requirió el sobreseimiento de 19 investigados y el sobreseimiento parcial de dos de ellos.
El Ministerio Público remarcó que con la presentación de la acusación penal se dio cumplimiento a una resolución emitida en 2023 por el Tribunal Constitucional (TC) por lo que el caso pasará ahora a la etapa de control de acusación.
La anulación del anterior juicio oral
El pasado 3 de abril, la Segunda Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial declaró infundada una apelación presentada por Pérez, con lo que ratificó la decisión de anular el juicio contra Fujimori, en respaldo de la decisión del TC.
El Constitucional había ordenado que se anule la acusación contra José Chlimper, al que supuestamente no se le permitió conocer oportunamente todos los cargos que se le imputaban.
Además de ordenar que la Fiscalía emitiera una nueva acusación ajustada a procedimiento, el tribunal también aseguró que había vicios en el auto de enjuiciamiento que hacían insostenible la continuidad del juicio oral, que había comenzado formalmente el 1 de julio de 2024.
Esta medida obligó al Ministerio Público a elaborar nuevamente parte de la investigación y a presentar una nueva acusación, tras lo cual un juez deberá decidir si abre un juicio oral.
Entre los supuestos aportantes irregulares a las campañas de Fujimori están la empresa brasileña Odebrecht y varios conglomerados económicos peruanos, pero el partido fujimorista sostiene que los fondos fueron recogidos en una serie de cocteles en los que participaron simpatizantes.
