EFE/ Allison Dinner
Un juez de distrito de Massachusetts, Brian Murphy, declaró ilegal la política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que permitía deportar migrantes a terceros países sin notificárselos previamente ni ofrecerles la oportunidad de impugnar la medida.
El magistrado dejó sin efecto dicha normativa al fallar a favor de un grupo de extranjeros que presentó una demanda colectiva contra el gobierno. En su sentencia, Murphy estableció que el DHS debe seguir un protocolo estricto antes de proceder con una expulsión: primero debe solicitar el ingreso del individuo al país designado por este o a las naciones alternativas que especifique, así como a su país de ciudadanía.
Además, el juez subrayó que quienes enfrentan una expulsión tienen derecho a recibir una “notificación significativa” y a presentar una reclamación específica contra su envío al tercer país.
La sentencia queda en suspenso por posibles apelaciones
Cabe destacar que, a pesar del fallo, la sentencia fue suspendida por quince días para dar paso a recursos de apelación. El Departamento de Seguridad Nacional, dirigido por Kristi Noem, ya ha anunciado su intención de recurrir.
En un comunicado recogido por la cadena CBS, el departamento defendió su postura argumentando que “el Tribunal Supremo ha emitido previamente dos suspensiones de emergencia por separado contra el juez Brian Murphy en este caso, y confiamos en que seremos reivindicados nuevamente”.
La administración de Donald Trump insistió en que posee la “autoridad constitucional” para expulsar a “inmigrantes ilegales delincuentes” y resolver lo que califican como una “pesadilla de seguridad nacional”, reclamando su derecho legal para enviar a estos individuos a cualquier país que esté dispuesto a aceptarlos.
