Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo
(EFE).- Human Rights Watch (HRW) entregó este lunes a la Corte Penal Internacional (CPI) y a Naciones Unidas información sobre “abusos aberrantes” supuestamente cometidos por el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, contra la población del estado de Apure, fronterizo con Colombia.
En una entrevista con Efe, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, explicó que toda la información que ha recopilado la ONG ya está en manos de la Fiscalía de la CPI y de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, creada por la ONU en 2019.
En concreto, la organización ha entregado a esos dos órganos internacionales un informe en el que documenta la ejecución extrajudicial de al menos cuatro campesinos de Apure, torturas, 13 detenciones arbitrarias y el procesamiento ante tribunales militares venezolanos de civiles a los que se les acusa de colaborar con grupos armados.
UN “PATRÓN DE CONDUCTA ABUSIVA”
“El análisis de lo acontecido en Apure nos lleva a la conclusión de que estos hechos son parte un patrón de conducta abusiva de las fuerzas de seguridad de Maduro. Esto no es distinto”, afirmó Vivanco.
HRW enmarcó las acusaciones del informe en el contexto de la ofensiva lanzada en marzo por el Gobierno de Maduro contra “grupos irregulares” en el estado de Apure.
El pasado 21 de marzo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) inició combates en Apure contra dichos grupos que las autoridades nunca identificaron, pero que HRW dice que son una escisión de la disuelta guerrilla colombiana de las FARC, conocida como el Frente Décimo Martín Villa.
La FANB aseguró que la ofensiva dejó un saldo de 8 militares y 9 “terroristas” fallecidos, así como más de 40 detenidos.
HRW alega en el texto que muchos de los arrestados “no eran miembros de grupos armados”, sino de la población local, después de haber entrevistado a 38 personas huidas de Apure, además de a 30 abogados, peritos forenses, líderes comunitarios, periodistas, autoridades colombianas y representantes de grupos humanitarios.
Los desplazados entrevistados identificaron como responsables de los abusos a la FANB, a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS).