Fototgrafía de archvio del fiscal general del estado de Texas, Ken Paxton, en Washington DC (EE.UU.). EFE/Jim Lo Scalzo
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda contra la Corte de Comisionados del Condado de Harris por haber asignado más de 1,3 millones de dólares en fondos públicos a organizaciones que brindan asistencia legal a migrantes enfrentando procesos de deportación.
Los fondos, que totalizan 1,344,751 dólares, estaban destinados a varias organizaciones no gubernamentales como el Proyecto de Representación de Inmigrantes de Galveston-Houston, Justicia para Todos los Inmigrantes, Niños con Necesidad de Defensa (KIND), el Centro de Educación y Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes (RAICES) y BakerRipley. En la demanda, Paxton caracterizó a estos destinatarios como “grupos activistas radicales de fronteras abiertas”.
Según argumentó la oficina de Paxton, los fondos representan “subvenciones inconstitucionales” a entidades privadas para subsidiar la defensa legal de extranjeros que deberían ser deportados. La demanda sostiene que estos gastos no tienen un propósito público legítimo y violan la Constitución de Texas.
“Debemos detener a los radicales de izquierda que están robando a los tejanos para evitar que los ilegales sean deportados por la Administración Trump”, dijo el Procurador General Paxton en un comunicado que acompaña al anuncio. “Más allá de ser descaradamente inconstitucional, esto es malvado y perverso. Millones y millones de ilegales invadieron Estados Unidos durante la última administración, y deben ser enviados de regreso a su lugar de origen”.
