Fotografía de archivo de un grupo de simpatizantes del exfutbolista e ídolo argentino Diego Armando Maradona, frente a la sede de los tribunales de San Isidro, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni
(EFE).- El juicio por la muerte del exfutbolista Diego Armando Maradona continuará este martes con la declaración de Pablo Dimitroff, director de la Clínica Olivos, donde el astro estuvo ingresado poco antes de su muerte; una audiencia que se espera ponga nuevamente el foco en la decisión de continuar con los cuidados del ídolo argentino en un domicilio particular.
El juicio, en el que siete trabajadores de la salud están imputados por homicidio simple con dolo eventual por la muerte de la leyenda del fútbol mundial, celebrará una nueva audiencia este martes en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro, a las afueras de Buenos Aires.
El único testimonio que se ha anunciado para mañana, hasta el momento, es el de Dimitroff, cuya declaración ha sido postergada en dos ocasiones por falta de tiempo.
Maradona fue sometido el 3 de noviembre de 2020 a una intervención quirúrgica en la Clínica Olivos por un hematoma subdural en la cabeza, y allí permaneció ingresado hasta el día 11 del mismo mes, fecha en la que fue trasladado a una residencia privada en el barrio de Tigre, a las afueras de la capital argentina, en la que falleció el 25 de noviembre de ese año.
Se espera que el director de la institución explique sobre quién tomó la decisión de continuar con los cuidados médicos de Maradona en un domicilio particular, una de las cuestiones centrales del juicio hasta el momento.
En un documento al que accedió EFE, y que se espera sea discutido en la audiencia de mañana, las autoridades de la Clínica Olivos dejaron constancia que si bien autorizaban la salida de Maradona, no le otorgaban el alta médica.
Se trata de un acta que fue firmada por el propio Dimitroff, por los médicos imputados Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, por y las hijas del astro Gianinna y Jana Maradona y que establecía que el exfutbolista continuaría su tratamiento en una internación domiciliaria en contra de la recomendación de la Clínica Olivos.
La propuesta de la clínica consistía en “continuar el tratamiento psiquiátrico, clínico, de rehabilitación y toxicológico bajo la modalidad de internación (ingreso) en un centro de rehabilitación”, una indicación que, según el documento, no fue aceptada por el equipo médico tratante del astro (imputado en esta causa) ni por su familia.
Sobre esta decisión, tanto Dalma y Jana Maradona, hijas del astro, responsabilizaron directamente a Luque, médico de cabecera de su padre, al que acusaron de haber insistido en la modalidad domiciliaria como única opción viable.
“El seguimiento médico queda a cargo del equipo médico tratante y de los profesionales elegidos por el paciente y su familia, ajenos a (la empresa de medicina prepaga y dueña de la Clínica Olivos) Swiss Medical”, concluye el acta.
En la más reciente audiencia declaró el jefe de Terapia Intensiva de la Clínica Olivos, Fernando Villarejo, quien aseguró haber sido presionado por Luque y Cosachov para sedar profundamente al exfutbolista por 24 horas durante su ingreso hospitalario, algo que hizo “en total desacuerdo”.
“Uno sabe que cuando a un paciente se lo seda para revertir un proceso de abstinencia, se requiere un proceso más adecuado, con un horizonte que no se termina en 24 horas”, explicó el terapista y luego agregó: “En virtud de que no había horizonte, decidimos empezar a usar nuestro criterio y bajar la dosis de la sedación”.
Además de Luque y Cosachov, son juzgados en este proceso el psicólogo Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.
La enfermera Gisela Madrid también está procesada pero enfrentará un juicio por jurados, tal y como solicitó.
En este proceso, los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach deberán determinar si siete de los ocho acusados son culpables del delito de homicidio simple con dolo eventual, que tiene una pena máxima de 25 años de prisión.
