Una vista general de la Corte Suprema de Estados Unidos, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS
Washington, 20 oct (EFE).- El Supremo de Estados Unidos bloqueó este viernes temporalmente la restricción que un tribunal inferior había puesto sobre la capacidad del Gobierno de contactar con las redes sociales para pedirles que eliminen ciertos contenidos de temas sensibles como la salud.
Hizo así caso al recurso presentado por el Ejecutivo y tras ello escuchará los argumentos y emitirá un fallo sobre esta cuestión durante su mandato actual, que concluirá a finales de junio.
La decisión suspende el fallo de un tribunal de Luisiana del pasado julio que determinó prohibir a agencias y funcionarios específicos reunirse con empresas para discutir si cierto contenido debería ser eliminado.
Tres de los 9 jueces del Supremo, los conservadores Samuel Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch, denegaron el recurso de Biden.
“En este momento de la historia de nuestro país, me temo que algunos considerarán lo que ha hecho el tribunal como una luz verde para que el Gobierno utilice tácticas de mano dura para sesgar la presentación de opiniones”, apuntó Alito.
Los fiscales generales republicanos de Luisiana y Misuri, junto con cinco usuarios de redes sociales, fueron quienes iniciaron la demanda, alegando que funcionarios del Gobierno estadounidense fueron demasiado lejos e interfirieron con las empresas de redes sociales para abordar publicaciones, especialmente aquellas relacionadas con la covid-19.
Una jueza de Luisiana falló a favor de restringir la interacción con las plataformas al Departamento de Salud, al Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), entre otros organismos.
También se vetó al FBI, al Departamento de Justicia y al de Estado, así como a representantes específicos como a la propia portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, o al de Salud, Xavier Becerra.
En concreto, les prohibió reunirse con representantes de las redes para “instar, alentar, presionar o inducir de cualquier modo a la retirada, eliminación, supresión o reducción de contenidos” publicados en ejercicio de la libertad de expresión.
A todos ellos también se les vetó mandarles correos, cartas o mensajes de texto con ese mismo objetivo, o llamarles igualmente para tal fin.