Fue el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, quien interpuso este mismo viernes un recurso contra el fallo adoptado el miércoles por un juez federal de distrito. Foto de archivo. EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS
(EFE).- El fiscal general de Texas (EE.UU.), el republicano Ken Paxton, deberá testificar ante el juez tras haber sido objeto de una demanda presentada por grupos abortistas, que lo acusan de estar violando su derecho a la libertad de expresión por haber amenazado con perseguir a quienes practiquen abortos.
Los grupos de defensa del aborto sostienen que las declaraciones de Paxton asegurando que perseguirá a las organizaciones que ayuden a recibir abortos fuera de Texas (en el estado esta práctica está prohibida salvo en algunas excepciones) violan su derecho a la libertad de expresión y al libre movimiento entre estados.
A finales de agosto, los estados conservadores de Texas, Idaho y Tennessee comenzaron a implementar unas leyes que prohíben casi por completo el aborto y, en algunos casos, establecen castigos de hasta cadena perpetua para los doctores que lo practican.
Se trata de un nuevo paso en la guerra contra el aborto que se libra a nivel estatal desde que el Tribunal Supremo de EE.UU. retirara en junio las protecciones federales a ese derecho, lo que ya ha dejado a más de 20,9 millones de mujeres en edad reproductiva sin acceso a ese procedimiento.
Las nuevas leyes no cambiaron la realidad sobre el terreno en Texas, Idaho y Tennessee, que ya prohibían el aborto a las seis semanas de embarazo y donde la mayoría de las clínicas dejaron de prestar esos servicios tras el fallo del Tribunal Supremo.
Sin embargo, sí establecieron o aumentaron las multas y penas de cárcel para el personal médico, en un intento por intimidarlo, según las organizaciones defensoras del aborto.
En concreto, la ley de Texas establece que el aborto es ilegal desde el momento de la concepción y fija penas de hasta cadena perpetua para quienes practican ese procedimiento, además de multas que pueden llegar a los 100.000 dólares.
La única excepción que queda es para los casos en los que la vida de la madre corra peligro.