El presidente estadounidense, Barack Obama, dijo que su objetivo es que en la cárcel de la Base Naval de Guantánamo (Cuba) queden menos de cien presos en 2016, y que más de medio centenar que no pueden ser liberados o están pendientes de juicio se reubiquen con la aprobación del Congreso.
Los reclusos pendientes de juicio en las comisiones militares creadas para juzgar a combatientes yihadistas o que no pueden salir en libertad, al ser considerados una amenaza, son el “mayor desafío en este momento”, afirmó Obama en la conferencia de prensa de final de año que dio desde la Casa Blanca.
El presidente aseguró que su objetivo es que en el nuevo año los prisioneros se reduzcan por debajo del centenar, mientras que la “población (reclusa) irreducible” podrá salir del penal para su definitivo cierre con un acuerdo con el Congreso que incluya garantías de seguridad.
El mandatario indicó que el cierre del penal de Guantánamo, creado en 2002 por el entonces presidente, George W. Bush, es lo más “sensato”, porque esa cárcel es “el mayor imán de reclutamiento para el yihadismo”, además de costar centenares de millones de dólares anuales.
Según el diario The New York Times, el Gobierno de Obama tiene previsto anunciar a comienzos de 2016 el traslado conjunto de 17 presos de Guantánamo, el mayor número de transferencia de una sola vez desde 2007.
Actualmente, 107 presos de la guerra estadounidense contra el terrorismo islamista siguen presos en Guantánamo y 48 de ellos tienen el visto bueno para ser transferidos si se encuentra un país que dé garantías de que no se radicalizan.
Una decena están pendientes de juicio o han sido condenados por delitos de terrorismo, mientras que otros 49 viven en un limbo legal debido a que sus testimonios fueron obtenidos bajo torturas y no son válidos ante un tribunal, pero son considerados demasiado peligrosos para ser puestos en libertad.
Ese último grupo podría beneficiarse de los intentos del Gobierno estadounidense de acelerar los procesos de revisión que, por el momento, sólo se han dado en menos de una veintena de casos.
El Ejecutivo debería habilitar un centro penitenciario en territorio estadounidense para aquellos detenidos que están pendientes de juicio, algunos de los cuales podrían ser condenados a la pena de muerte.
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