La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó hoy medidas cautelares a favor de los activistas Alfredo Romero y Luis Betancourt, integrantes de la ONG Foro Penal Venezolano, y Yoseth Colmenares, hermana de la coordinadora de una seccional regional de la organización.
“La Comisión considera que la información, en principio, demuestra que los beneficiarios se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que su vida e integridad personal se encontrarían en riesgo”, señaló el organismo internacional en un comunicado.
En consecuencia, la CIDH, un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos, solicitó al Estado venezolano que “adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal” de los defensores y que estos puedan desempeñarse sin que sean objeto de actos violentos u hostigamientos.
Los miembros del Foro Penal Venezolano, una organización que documenta y defiende a personas detenidas en manifestaciones públicas, habían denunciado ante la Comisión “una serie de presuntas declaraciones estigmatizantes realizadas por altos funcionarios del Estado sobre el trabajo de la organización”, según el comunicado.
La crisis económica que atraviesa Venezuela, marcada por una severa escasez de alimentos y la mayor inflación de América Latina, ha generado protestas antigubernamentales, cuyo pico fue durante el primer semestre del año pasado y en las que hubo represión por parte de las fuerzas del orden.
Las manifestaciones contra el régimen del presidente Nicolás Maduro dejaron entre febrero y mayo de 2014 un saldo de 43 muertos, así como un millar de detenidos, algunos aún tras las rejas.
La CIDH realizó hoy el segundo día de audiencias públicas de su 154º período de sesiones. El gobierno venezolano aprovechó el encuentro para condenar la declaración de “emergencia nacional” y las sanciones en su contra emitidas la semana pasada por Estados Unidos.
“Esto es una declaración de guerra contra Venezuela y contra América Latina y el mundo”, dijo el representante venezolano para derechos humanos, Germán Saltrón. “Venezuela está en el deber de denunciarlo en esta Comisión y en todos los organismos de derechos humanos”, añadió.
La sesión de hoy también estuvo marcada por la dura exposición de Rafael Uzcategui, de Provea. “El presidente Nicolás Maduro desmanteló en sólo tres años los avances en pobreza que el (fallecido) presidente (Hugo) Chávez construyó durante doce años”, afirmó.
En otra audiencia, el abogado Carlos Ayala condenó la creciente “militarización del orden público” en Venezuela, y la CIDH expresó su “preocupación” por la reciente resolución que autoriza al Ejército venezolano el uso de la fuerza en la represión de manifestaciones.
Por otra parte, Linda Loaiza, una joven venezolana que sufrió abusos sexuales durante cuatro meses en 2001, exigió justicia en su caso después de 13 años de infructuosa batalla judicial en Venezuela, y pidió a la CIDH que traslade su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Con información de Infobae
EVHouston / Foto: Referencial
