Juan Manuel Santos ratificó en una sesión extraordinaria en la capital del departamento limítrofe de Norte de Santander, al que asistieron embajadores de 17 países acreditados en Bogotá, la decisión de decretar la emergencia económica en una zona limítrofe con Venezuela.
De esta forma, el gobierno colombiano buscará atender de forma más ágil la crisis que se presenta desde el cierre de la frontera ordenado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Al amparo de la emergencia económica se facilitará, entre otros aspectos, transportar el carbón que se produce en Sardinata, Salazar, Cúcuta y Zulia, todos municipios de Norte de Santander, y que está represado por el cierre fronterizo.
Natalia Abello, ministra de Transporte de Colombia, explicó que hay “200 mil toneladas de carbón que se encuentran represadas en los centros de acopio de Cúcuta, que no se han podido exportar por el Golfo de Maracaibo por el cierre de la frontera con Venezuela”, por lo que aseguró que se requiere tomar varias medidas para acelerar la salida de este mineral.
En ese sentido, la funcionaria aseguró que el carbón será “transportado por tren, río y carretera”.
A su vez, la emergencia económica también permite simplificar los procesos de contratación e inversiones en situaciones especiales como las causadas por el cierre de la frontera.
Sumadas a estas decisiones gubernamentales, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez-Correa, anunció en Cúcuta varias medidas para apoyar a los empresarios de la región afectados por la crisis. Entre las que se destacan la apertura de una línea especial de apoyo a las empresas de Norte de Santander por un valor de 80.000 millones de pesos (unos 25,5 millones de dólares) para capital de trabajo y modernización de maquinaria.
También anunció dos convocatorias por medio de Innpulsa MiPyme, un fondo de modernización e innovación para las micro, pequeñas y medianas empresas, por 5.000 millones de pesos (unos 1,6 millones de dólares) dirigidos a apoyar el desarrollo productivo de la población víctima del desplazamiento forzado.
La medida del gobierno de Colombia llegó a raíz de la decisión del mandatario chavista, Nicolás Maduro, quien el pasado 19 de agosto ordenó el cierre de parte de su frontera y dos días después decretó estado de excepción en seis municipios del fronterizo estado de Táchira, decisión que luego se extendió a otras cuatro jurisdicciones de la misma entidad con el argumento de combatir “el contrabando” y a supuestos paramilitares.
Según las autoridades, más de mil colombianos han sido deportados de Venezuela desde que comenzó la crisis y otros 10.000 han abandonado ese país por miedo a correr la misma suerte.
Con información de Infobae
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