El crimen que cometió el nicaragüense Bernardo Tercero, cuya ejecución está programada para el próximo miércoles en Texas (EE.UU.), fue un “brutal asesinato”, afirmó hoy la Gobernación del estado sureño, único organismo competente para indultar al preso.
“El señor Tercero asesinó brutalmente a Robert Berger en una lavandería de Houston frente a la hija de tres años de la víctima. Cuando alguien comete un crimen en Texas, queda sujeto a la ley de Texas”, dijo a Efe John Wittman, portavoz del gobernador texano, Greg Abbott.
Sin un rechazo explícito, esa es una fórmula que utiliza habitualmente la Gobernación de Texas para denegar solicitudes de clemencia a los presos condenados a muerte.
Wittman, además, recordó que “las demandas legales del señor Tercero han sido rechazas por tribunales estatales y federales en, al menos, cinco ocasiones”.
El 31 de marzo de 1997, Tercero asesinó a Berger durante un atraco en un negocio de Houston y fue condenado a muerte tres años después.
Su ejecución está programada para el próximo 26 de agosto a las 18.00 hora local (23.00 GMT) en la prisión de Huntsville.
En las últimas semanas se han alzado numerosas voces, incluyendo la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, pidiendo que se suspenda la condena a muerte de Tercero.
La CIDH, en particular, denunció este miércoles que Estados Unidos “violó los derechos humanos fundamentales” de Tercero e instó a que se le otorgue “una reparación efectiva que incluya la revisión de su juicio conforme a las garantías del debido proceso y de un juicio justo previstas en la Declaración Americana”.
La ejecución del nicaragüense tan solo se puede cancelar con un fallo judicial o con un indulto otorgado por Abbott.
El gobernador accedió al cargo en enero de este año y, desde entonces, Texas ha ejecutado a diez presos sin que Abbott haya intercedido por la vida de ninguno de ellos.
Los abogados de Tercero, por su parte, han solicitado a los tribunales que suspendan la ejecución por considerar que sufre problemas mentales y que llevarla a cabo infringiría la Constitución, que prohíbe ajusticiamientos “crueles e inusuales”.
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