El secretario de Función Pública (contralor) de México, Virgilio Andrade, determinó hoy que no hubo conflicto de interés en la compra de varios inmuebles por parte del presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera.
Andrade, que presentó en rueda de prensa los resultados de una investigación realizada en los últimos meses tras la publicación de unas denuncias periodísticas, exoneró de responsabilidad a Peña Nieto con el argumento de que no era servidor público federal cuando compró tres inmuebles en 2005 y 2006.
En el caso de la primera dama, la adquisición de la vivienda cuestionada por la prensa, denominada popularmente la “Casa Blanca”, se llevó a cabo con sus propios recursos y el contrato de compraventa, de enero de 2012, no fue cambiado tras asumir su esposo la Presidencia.
La investigación incluyó al ministro de Hacienda, Luis Videgaray, quien también fue exonerado por la adquisición de una vivienda en octubre de 2012 en virtud de que no era funcionario en ese momento, si bien formaba parte del equipo de transición de Peña Nieto que recibió recursos públicos.
En todos los casos se demostró que los tres investigados pagaron los inmuebles en los términos firmados en los contratos de compraventa a través de documentos públicos y cheques certificados emitidos por los compradores.
Andrade detalló que los dos grupos empresariales que vendieron los inmuebles tienen 33 contratos firmados con 15 dependencias del Gobierno federal, los cuales 13 son de adquisiciones de bienes y servicios y los 20 restantes de obra pública.
Dichos contratos representan el 0,017 % del monto total de los otorgados por el Gobierno federal desde diciembre de 2012 al 31 de marzo de 2015, apuntó.
Por la adjudicación de dichos contratos fueron investigados 111 funcionarios “directamente involucrados” de las 15 dependencias, quienes declararon no haber recibido presión o “injerencia alguna de otra autoridad superior”.
La investigación, integrada por casi una veintena de expedientes de 60.000 hojas, “está concluida” y será “abierto al escrutinio” de cualquier persona y no solo a un panel de expertos, como lo pidió Peña Nieto en febrero pasado cuando anunció la apertura esta indagatoria.
Andrade aseguró que llevó a cabo esta investigación “con base a la legalidad” y admitió que la cifra de investigaciones por posible conflicto de interés que lleva a cabo la SFP es “significativamente baja”.
Peña Nieto, que asumió en 2012 y concluye mandato en 2018, nombró el 3 de febrero pasado a Andrade secretario de la Función Pública y le pidió la apertura de esta investigación, al anunciar un serie de medidas para combatir la corrupción y garantizar la transparencia y rendición de cuentas de funcionarios.
Además, anunció que “un panel de expertos con reconocido prestigio en materia de transparencia” se encargarían de evaluar los resultados de la investigación.
La decisión llegó después de que investigaciones periodísticas revelaran la compra de los inmuebles por parte de Rivera y Videgaray al grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa y que ganó varios contratos de infraestructura en el Estado de México cuando Peña Nieto era gobernador allí.
También hubo denuncias en la prensa por supuestas irregularidades de Peña Nieto en la compra de inmuebles al empresario Roberto San Román tres meses después de haber asumido como gobernador (2005-2011).
EFE / Foto: Referencial
