La acción civil pide a la petrolera y a su filial el pago de la multa “por los daños irrecuperables en todo el ecosistema” afectado, además deberán presentar en un plazo no mayor a 30 días “un proyecto final y completo de reparación” que alcance todas las áreas que todavía no han podido ser restauradas desde el accidente.
La Fiscalía también demanda que Transpetro revalúe y reestructure sus acciones de “prevención contra accidentes ambientales” e instale, “individualmente o en conjunto con Petrobras”, un Centro de Defensa Ambiental en la región afectada en un plazo de 180 días.
Recordemos que el suceso ocurrió en febrero de 2004, cuando se registró una fuga en el oleoducto que une la Terminal de Sao Sebastiao con la refinería Presidente Bernardes, en el estado de Sao Paulo, producida por una fisura en un trecho enterrado a un metro y medio de profundidad.
Los miles de litros de gasolina se filtraron a un acuífero que comunicaba con el río Guaecá, cuyo cauce fue contaminado a lo largo de siete kilómetros hasta su desembocadura, localizada en una playa, que también fue alcanzada en toda su extensión, de dos kilómetros, y cerrada en plena temporada alta.
“Las empresas todavía causaron más impacto por medio de sus intervenciones, sea con la ineficacia de su sistema de contención de barreras físicas y absorbentes o con el embalse equivocado de aguas en varios puntos para intentar contener la dispersión”, argumentó la Fiscalía en su auto.
El vertido también causó, asegura la Fiscalía, una “intensa mortalidad” de la fauna, la ceguera en anfibios, así como la absorción de sustancias tóxicas por la vegetación y la contaminación del agua que abastece a la región.
“La Fiscalía entró en acción porque tomaron medidas paliativas para minimizar la fuga, pero no de corrección”, dijeron a Efe fuentes de la Fiscalía de Sao Paulo.
La Fiscalía recalcó que “intentó en diversas oportunidades” formalizar un acuerdo con Petrobras y Transpetro “sin éxito debido a la indisposición de estas”.
Iveth Villalobos / EV Houston / EFE / Foto: EFE