El chavismo inició este miércoles la inscripción de sus aspirantes a integrar la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) promovida por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, un proceso del que se ha apartado la oposición al advertir que quien se sume “pasa a ser parte de ese gran fraude”.
En el día 61 de las protestas que se registran en el país desde el pasado 1 de abril, el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió el proceso de postulaciones sectoriales y territoriales a la Constituyente, mecanismo que fue motivo de debate por parte de los cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA).
A lo interno la Constituyente quedó blindada por la Sala Constitucional del Supremo, que resolvió que Maduro está capacitado para impulsar ese mecanismo sin que haya un referendo previo.
La ministra de servicios penitenciarios, Iris Varela, y la vicepresidenta del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para los Movimientos de Mujeres, María León, destacaron entre los candidatos que aspiran a redactar una nueva Constitución.
Varela, quien desde julio de 2011 está al frente de ese Ministerio, aseguró durante un acto en el estado de Cojedes, en el oeste del país, que para ello le pidió “permiso” al presidente Maduro.
“Yo quiero ser constituyente, yo no me quiero perder esa fiesta”, anticipó Varela, quien consideró que no puede perderse de participar en ese proceso y llamó a que “se inscriba todo el mundo”.
El CNE ha dicho que se elegirán 545 constituyentes, de los cuales 364 provendrán del ámbito territorial, ocho de los pueblos indígenas y 173 en representación de los sectores como estudiantes, campesinos y pescadores, empresarios, personas con discapacidad, pensionados, consejos comunales y trabajadores.
Desde la oposición, el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles se pronunció sobre la decisión del TSJ y subrayó que entierra “definitivamente la democracia participativa y protagónica” con una sentencia que tildó de “sumamente grave”.
A juicio del dirigente, el Gobierno, “a través del tribunal, le ha quitado la soberanía al pueblo”, declaración en la que coincidió con el rector del CNE Luis Emilio Rondón, el único de las cinco autoridades afín a la oposición, quien calificó la sentencia como “golpe a la democracia” y “a la participación política”.
Pero además la oposición, aglutinada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), advirtió que quien participe en la convocatoria oficialista para participar en la Asamblea será parte del “fraude” que el Gobierno supuestamente lleva a cabo.
“Todos los miembros de la Unidad Democrática firman este documento y se lo dirigen al país para rechazar juntos el fraude constitucional al que en este momento le abre las puertas también el Poder Electoral”, dijo el diputado Carlos Berrizbeitia en una rueda de prensa.
“El venezolano que participe en este fraude constitucional pasa a ser parte de ese gran fraude que el Gobierno lleva a cabo”, añadió el diputado poco antes de la manifestación opositora que hoy recorrió las calles de Caracas.
La movilización, que partió desde distintos puntos de la ciudad, no logró llegar a la sede de la Cancillería, en el centro caraqueño, después de que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) impidió el recorrido con chorros de agua y gases lacrimógenos.
Al término de la jornada, al menos 89 personas resultaron heridas por la violencia que se desató en medio de la protesta, informaron autoridades locales, dirigentes de la oposición y centros de salud.
Esta movilización que pretendía llegar hasta la sede de la Cancillería en el centro de Caracas fue convocada por la MUD para respaldar el debate que tuvo lugar en la OEA y que terminó sin consensos sobre la crisis en el país.
La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que un grupo de países miembros del organismo y la “oposición violenta” del país caribeño pretendía detener el proceso para el cambio de Constitución que impulsa el Ejecutivo, lo que ponderó como “una barbaridad y una grosería”.
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