El Gobierno de Venezuela negó hoy que haya confiscado una planta de General Motors (GM) y explicó que lo ocurrido con esa empresa estadounidense es el dictamen del juicio por un conflicto entre el fabricante y sus concesionarios, por lo que llamó a los propietarios a “dar la cara”.
El ministro de Trabajo, Francisco Torrealba, indicó que no solamente es “absolutamente falso” que el Gobierno chavista haya confiscado la planta de montaje de GM en la ciudad de Valencia, sino que esta, al igual que los demás fabricantes de vehículos, ha recibido un “tratamiento especial” para que reactive su producción paralizada desde 2015.
“El Estado venezolano reconoce la importancia de este sector, incluso a propósito de ese reconocimiento, ha puesto al servicio de las ensambladoras un conjunto de herramientas de financiamiento y otras formas de apoyo para que estas plantas reactiven y lleven a su máxima capacidad los niveles de producción”, dijo en una entrevista con la televisión estatal.
GM anunció el 20 de abril que cesará sus operaciones en Venezuela tras la “confiscación judicial ilegal” de su planta en ese país por parte de las autoridades venezolanas y anunció acciones legales contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Torrealba explicó que lo ocurrido en el caso de GM “es un problema entre particulares que ha intentado venderse ante el mundo como que el Gobierno está expropiando o confiscando GM, eso es totalmente falso”.
Añadió que el Estado venezolano “no ha expropiado ni tiene en sus planes expropiar la plata de GM, mucho menos confiscar”.
La medida sobre la planta de vehículos fue producto de un fallo de un tribunal venezolano contra el fabricante por una demanda de unos de sus concesionarios en el país.
“Unos concesionarios de Maracaibo, estado Zulia, al parecer le pagaron a la ensambladora GM unos vehículos que nunca recibieron, en razón de eso, esos concesionarios que son privados, no son del Gobierno, entablaron un juicio contra la casa matriz”, explicó.
También señaló además que es a GM Venezuela a quien le corresponde asumir su defensa “si es que no está de acuerdo con la sentencia que emitió el tribunal”.
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