El alcalde del municipio Libertador de Caracas, el chavista Jorge Rodríguez, aseguró que la oposición venezolana intentó movilizar su manifestación, en contra del Supremo, hacia el centro de la ciudad sin solicitar “ningún permiso” a la alcaldía o al Ministerio de Interior del país.
Rodríguez criticó que el dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela, Henrique Capriles, haya instado a los opositores a dirigir su movilización hacia la Defensoría del Pueblo, ubicada en esa zona de Caracas, y dentro de la jurisdicción de Libertador.
“Quiero repudiar de la manera más enérgica el llamado irresponsable que hizo Capriles Radonski de venir al municipio bolivariano Libertador sin ningún permiso”, dijo Rodríguez a través del canal estatal VTV desde una actividad cultural y deportiva en la avenida Bolívar, del centro de Caracas.
En ese sentido, Rodríguez indicó que los opositores no querían dirigirse a la sede de la Defensoría sino que, a su juicio, pretendían ir hasta la actividad chavista para agredirlos.
“Aquí hay un mar de pueblo disfrutando. Ellos querían venirse, no para la Defensoría del Pueblo, querían venirse para acá para agredir con palos y con piedras al pueblo de Caracas”, sostuvo.
Asimismo, resaltó que, luego de las protestas opositoras, ya ha sido restablecida la vialidad en “absolutamente todas las vías del este de la ciudad de Caracas”.
“Lo que ellos llaman hacer política no es otra cosa que bloquear calles. Colocaron escombros gigantescos en las autopistas y en las avenidas por donde pasaron, (…) me acabo de comunicar con el general (Fabio) Zavarce y me dice que todos los escombros fueron retirados y ya se restituyó la vialidad”, aseveró.
Sin embargo, voceros de la oposición, entre ellos diputados y dirigentes políticos, aseguran en paralelo a través de las redes sociales que fueron reprimidos por la fuerza pública y que, pese a ello, seguirán intentando marchar hacia la Defensoría del Pueblo.
La oposición venezolana convocó a sus seguidores a manifestarse en apoyo a la Cámara en su decisión de iniciar un procedimiento de remoción de siete magistrados del Supremo por las sentencias que estos emitieron, en las que despojaban al Poder Legislativo de sus funciones, lo que consideran como un “golpe de Estado”.
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