El Gobierno socialdemócrata de Rumanía rechazó este lunes las demandas de dimisión después de que las mayores protestas desde la caída del comunismo en 1989 le obligaran a revocar un controvertido decreto que despenalizaba ciertos delitos de corrupción.
“El Gobierno no tiene por qué dimitir. Ha sido elegido legítimamente y tiene que continuar gobernando”, dijo ante la prensa el líder del Partido Socialdemócrata (PSD), Liviu Dragnea.
El PSD obtuvo el 45 % de los votos en las elecciones legislativas de diciembre y lleva apenas un mes en el poder.
Además de la presión de la calle, el Ejecutivo afronta ahora una moción de censura que presentó el lunes la oposición de centroderecha y que no tiene opciones de prosperar debido a la mayoría absoluta con la que cuenta en el Parlamento la coalición gubernamental entre socialdemócratas y liberales.
“Hasta el momento, nadie ha asumido el error de promover este decreto”, dijo a los periodistas Silviu Dehelan, diputado de la Unión Salvar Rumanía (USR), una de las tres formaciones que impulsó el voto de censura.
Para calmar la tensión, el primer ministro, Sorin Grindeanu, así como Dragnea, hablan abiertamente sobre una posible destitución del ministro de Justicia, Florin Iordache, a quién se responsabiliza de la redacción del decreto.
“Que pasen estos dos días en los que debatiremos el presupuesto y la moción de censura. Es normal que esté el ministro. Luego, el miércoles o el jueves, tomaré una decisión”, avanzó Grindeanu.
Rumanía ha vivido en la última semana las mayores protestas desde la llegada de la democracia y anoche salieron a las calles medio millón de personas, de las que 300.000 se manifestaron en Bucarest.
Muchos de los congregados lanzaron consignas contra el ejecutivo y pedían su dimisión al grito de “ladrones” y “traidores”.
La concentración del lunes frente a la sede del Gobierno en Bucarest es la menor de la última semana, en parte debido a que el Ejecutivo ha retirado la normativa y al cansancio de los manifestantes.
No obstante, algunos ciudadanos han vuelto a protestar y muchos de ellos piden la dimisión del ministro de Justicia, con gritos como “Abajo Iordache”.
“El tremendo ruido de la manifestación del domingo es una forma de expresar que los estamos vigilando y que no nos calláremos”, aseguró a Efe Cristina Gruia, una abogada de 31 años.
“Hemos ganado la primera batalla, pero la guerra continúa”, prosiguió Gruia.
“Aún no entienden que queremos un Parlamento limpio de condenados”, dijo a Efe Costi Rosca, aunque reconoce que el Gobierno tiene toda el derecho a continuar en el poder.
El presidente, Klaus Iohannis, que se ha mostrado muy crítico con el decreto, pronunciará este martes un discurso en el Parlamento para advertir de los peligros de modificar el código penal para suavizar los castigos por corrupción.
Iohannis es un político de centroderecha crítico con el Gobierno socialdemócrata y llegó a rechazar en diciembre a la primera candidata del PSD para ser jefa del Ejecutivo.
Mientras que la protesta ante la sede del Gobierno se reduce, crece otra frente a la presidencia para mostrar su apoyo al Ejecutivo al grito de “respetad el voto de los rumanos”.
El martes pasado el Gobierno aprobó por sorpresa y con un procedimiento urgente un decreto ley que despenalizaba los casos de corrupción si causaban pérdidas al Estado por debajo de 44.000 euros.
Esta modificación penal iba a acompañada de un indulto a 2.700 presos por delitos menores, también por corrupción, y que el Ejecutivo justificó por la necesidad de vaciar las abarrotadas cárceles rumanas.
Uno de los beneficiados de la polémica medida habría sido el líder socialdemócrata, Liviu Dragnea, que no respondido ante un tribunal por un caso de corrupción con un perjuicio para el Estado valorado en 24.000 euros.
La Fiscalía Anticorrupción ha logrado encarcelar desde 2010 a más de 3.000 políticos y funcionarios -entre ellos incluso ministros y un ex primer ministro del PSD, Adrian Nastase- lo que le ha valido los elogios de la Comisión Europea.
EFE / Foto: EFE
