Lula da Silva, de 72 años, fue condenado por un tribunal de apelación a 12 años y un mes de cárcel por recibir un apartamento de lujo de una constructora involucrada en el escándalo de sobornos de Petrobras; pero presentó un recurso ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para evitar su encarcelamiento antes de agotar todas las instancias judiciales.
Ese pedido (habeas corpus) será juzgado a partir de las 2:00 p.m. locales (medio día en Perú). Si es aceptado, podrá seguir en precampaña y apostar a un largo proceso en los tribunales superiores. De lo contrario, podría ser arrestado en breve.
El debate sobre la jurisprudencia que permite encarcelar a condenados en segundo grado desató los profundos antagonismos políticos de Brasil, cuando faltan seis meses para unos comicios que se anuncian como los más inciertos desde la restauración de la democracia 33 años atrás.
El martes por la noche, decenas de miles de personas desfilaron en Sao Paulo al grito de “Lula nunca más” y de aclamaciones al juez Sergio Moro, gran artífice la investigación Lava Jato, que condenó a Lula da Silva en primera instancia.
El que fue el presidente más popular de la historia reciente de Brasil (2003-2010) se declara inocente en este proceso y en los otros seis que enfrenta por delitos como tráfico de influencia y obstrucción a la justicia, y los atribuye a una conspiración para evitar que regrese al poder.
“Es un juicio muy politizado. Más allá de la importancia de la autorización de la ejecución provisoria de la pena, está en juego un caso que envuelve a un ex presidente, que también es presidenciable y que está muy bien posicionado en los sondeos de intención de voto”, dijo a la AFP el experto en derecho penal y criminología Jovacy Peter Filho.
“Es, probablemente, un caso único en el mundo”, añadió.
La polarización dejó paso a la violencia a fines de marzo, cuando una caravana proselitista del líder de la izquierda fue atacada con armas de fuego en el sur del país.
El clima enrarecido llevó a la presidenta de la corte suprema, Cármen Lúcia, a hacer un inusual llamado a la paz social.
Las calles de acceso a la corte en Brasilia estarán cerradas y la policía montará un vallado para separar a los activistas que se congregarán para seguir el juicio en los alrededores del edificio.
AFP / Foto: