La capacidad de compra del venezolano se ha contraído porque cada día que pasa la inflación sumerge a los comerciantes y compradores en la pobreza, afirma Cipriana Ramos, presidenta de Consecomercio.
La situación de crisis económica ha sumergido a Venezuela en el saldo de una inflación de cifras, tanto es así, que para finales de año se pronostica que cierre en 700 por ciento, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Pero no es solo la escasez y la incapacidad de liquidez con las que tiene que sortear los trabajadores venezolanos, es la inseguridad, el hampa que ha obligado a los comercios a mantener la reducción del horario laboral que había impuesto el Gobierno, por la reducción del consumo energético.
Según Consecomercio, los negocios afrontan diversas situaciones de anomia que han obligado a reducir el horario extendido laboral de 8:00pm a 5:00pm y a cerrar incluso los fines de semana, por la falta de seguridad.
La crisis económica y social, e incluso humanitaria por la falta de medicamentos, que afronta Venezuela, ha obligado a las empresas y a los trabajadores a emigrar a otras partes del mundo, buscando seguridad jurídica y evitar el empobrecimiento acelerado.
Ante este escenario, Consecomercio introdujo una petición defensoría del pueblo para que cumpla sus funciones y emita acciones. Hasta la fecha ningún gremio empresarial ha obtenido alguna respuesta o acción en los últimos 18 años de Gobierno.
Crisis en oriente y occidente
Tanto en Zulia como en Táchira, estados limitantes con Colombia, así como Bolívar con Brasil, la situación de crisis se mantiene con mayor declive que en el centro y capital. Con constantes saqueos y anomia ha llevado a los comercios a optar por la no venta de productos regulados.
El expendio los productos de la cesta básica codiciados por la población venezolana y sus revendedores (que pernoctan para adquirirlos, a pesar que hay regulación que lo prohíbe) son realizados en muchos municipios a través de las gobernaciones.
Derecho como ciudadanos
A pesar que los comerciantes tienen un estatus jurídico eso no les impide asistir como ciudadanos a las manifestaciones, y es por ello que Consecomercio hizo un llamado a respetarle el derecho a los empresarios sectoriales y a sus trabajadores a asistir a las convocatorias populares.
“Nosotros a nuestros agremiados les hacemos un llamado para que se comuniquen con las autoridades para que permitan el ejercicio de la ciudadanía, de respeto a acudir a una manifestación, porque además consideramos que eso va a bajar una presión política”, finalizó Ramos.
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