El fiscal del estado occidental de Jalisco, Eduardo Almaguer, confirmó hoy en conferencia de prensa que Jesús Alfredo Guzmán Salazar, de 29 años, es uno de los seis hombres secuestrados la madrugada del lunes en un lujoso restaurante de Puerto Vallarta.
El funcionario indicó que se logró acreditar la identidad del hijo del capo a partir de los objetos hallados en los vehículos de las víctimas abandonados en el estacionamiento del lugar, información contrastada con diversas agencias de seguridad y dictámenes periciales.
Al ser interrogado sobre la presunta participación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en los hechos, Almaguer replicó que las investigaciones han conducido a la “muy avanzada identificación de algunos” de los perpetradores, y que sus vínculos les “llevan a afirmar que pertenecen a este grupo delictivo que ha estado operando en los últimos años” en Jalisco.
Además, proporcionó otros detalles del secuestro, incluyendo que fue perpetrado a primera hora del lunes por siete hombres armados que irrumpieron en el restaurante La Leche.
También indicó que hasta ahora la Fiscalía de Jalisco no ha recibido denuncia alguna que pida la localización de las personas privadas de su libertad, no obstante las diligencias que realiza la institución con ese objetivo.
Posteriormente, en una entrevista radial, el fiscal precisó que quienes irrumpieron en el restaurante sometieron primero a dos escoltas “y no hubo ninguna reacción, ningún disparo”.
En el restaurante había un grupo de 16 personas, pero un individuo escapó, por lo que inicialmente fueron capturados los seis hombres y nueve mujeres, pero estas últimas fueron liberadas, de acuerdo con el testimonio de los trabajadores del lugar.
Almaguer dijo desconocer las causas del secuestro.
La Fiscalía estatal puso en marcha el lunes un operativo para localizar a los secuestrados con el apoyo de instituciones de seguridad federales y municipales, así como para capturar a los responsables.
La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía general) anunció hoy en un comunicado que un “grupo interdisciplinario” de esa institución se sumará a las investigaciones que realizan las autoridades locales “para esclarecer los hechos”.
Jalisco ha sido durante décadas foco de actividad del crimen organizado. En la actualidad es el centro de operaciones del CJNG, que surgió en 2010 como una célula del cártel de Sinaloa y tiene presencia en al menos siete estados más y en la Ciudad de México.
El CJNG ha realizado numerosos ataques contra las fuerzas federales, como una emboscada del 19 de marzo del año pasado en la que murieron cinco miembros de la Policía Federal y dos civiles en el municipio de Ocotlán, que marcó el inicio de una escalada de violencia en Jalisco.
El Gobierno federal puso en marcha desde el 1 de mayo de 2015 un amplio despliegue de soldados y policías en Jalisco para detener a los líderes del grupo, encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes “el Mencho”, considerado uno de los criminales más peligrosos del país.
En respuesta a esta acción, presuntos miembros del CJNG derribaron un helicóptero castrense ese mismo día, un ataque en el que murieron nueve militares.
Este grupo criminal se disputa Jalisco con el cártel La Resistencia, vinculado con los Zetas. De hecho, en un principio los miembros del CJNG se hacían llamar “los Matazetas”.
Pero el secuestro de un hijo del Chapo Guzmán, quien fue detenido en enero pasado y se encuentra en una prisión de máxima seguridad del estado norteño de Chihuahua a la espera del desenlace de su proceso de extradición a EE.UU., parece un desafío del CJNG a sus antiguos socios de Sinaloa.
También refleja la creciente fuerza de este grupo entre las organizaciones criminales del país.
El hecho tuvo un antecedente en junio pasado, cuando un grupo armado formado por unas 150 personas mató a varias personas y saqueó la casa de Consuelo Loera, madre de Guzmán, en el municipio sinaloense de Badiraguato, tierra natal del Chapo.
Se especuló en su momento que la violencia obedecía a la tentativa de Rafael Caro Quintero, prófugo de la justicia desde 2013, de disputarle territorios al cártel de Sinaloa, aunque este capo lo negó en una entrevista realizada por la revista Proceso en un lugar del norte de México.
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