La violencia escaló este viernes en Honduras ante el retraso de los resultados de las elecciones presidenciales celebradas la semana pasada. Lo que llevó al gobierno a decretar un toque de queda para intentar frenarla.
El pasado viernes comenzó un plazo de 10 días durante los cuales los hondureños no podrán salir a las calles entre las seis de la tarde y las seis de la mañana.
Las Fuerzas Armadas y la policía nacional podrán detener a cualquiera que encuentren fuera del horario de circulación establecido o que sea sospechoso de haber causado daño a otras personas o bienes.
La nación centroamericana celebró elecciones presidenciales el pasado domingo, pero el ente que se encarga de contabilizar los votos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), aún no ha anunciado el vencedor.
La tardanza y los fallos en el sistema a los que el TSE aludió esta semana provocaron protestas en diferentes puntos del país que, si bien en un principio fueron pacíficas, luego se tornaron violentas.
Los opositores acusan al TSE de querer manipular los resultados para dar la victoria al actual presidente, Juan Orlando Hernández, que se presenta a una polémica reelección.
En los últimos días, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Incluso se produjeron actos vandálicos.
En San Pedro Sula, una ciudad al noroeste conocida como la capital industrial del país, grupos violentos bloquearon carreteras y saquearon comercios, según informó la prensa local.
Al menos 50 personas fueron detenidas en la zona comercial de esta urbe por “alterar el orden y cometer delitos”, según un comunicado de la Policía Nacional.
En la capital, Tegucigalpa, también se registraron ataques a negocios y bloqueos de carreteras.
La crisis ha ocasionado un desabastecimiento de combustible en ciertas zonas que “puede extenderse en muy corto plazo a nivel nacional”, según advirtió la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo.
El TSE tenía previsto anunciar el ganador de los comicios este viernes tras realizar un “escrutinio especial” de 1.031 actas inconsistentes frente a representantes de partidos políticos.
Las actas en cuestión representan el 5,69% del total, lo que significa que la ventaja de 46.586 votos (1,5%) que el presidente Juan Orlando Hernández tiene sobre su principal rival, el candidato de la Alianza de Oposición de la Dictadura, Salvador Nasralla, todavía podría revertirse.
No obstante, la formación de Nasralla, coordinada por el expresidente Manuel Zelaya, no lo consideró suficiente y exigió el recuento de 5.174 actas para respetar los resultados.
“Hay diferencias notables entre lo que el Tribunal Electoral está computando y lo que nosotros tenemos en las actas físicas de nuestros representantes en las mesas, no podemos llevar en este momento a la gente”, explicó el candidato opositor en referencia a los representantes de su partido que fueron convocados para asistir al escrutinio especial.
Estas han sido unas elecciones muy polémicas desde el principio, por diferentes motivos.
Primero, por el árbitro, pues los críticos acusan al TSE de responder al gobierno, incluso antes de los comicios.
En segundo lugar, por la búsqueda de la reelección por parte del actual presidente del país, pues la Constitución prohíbe un segundo mandato.
Hernández pudo presentarse gracias a un fallo del Tribunal Supremo de 2015 que inhabilitó los artículos de la Carta Magna que prohibían la reelección.
Observadores internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) pidieron al Tribunal Supremo Electoral que no declarase vencedor hasta procesar todas las actas.
La OEA, además, incidió en la necesidad de que, una vez finalizado el escrutinio, el TSE dé “a los partidos políticos la posibilidad de presentar impugnaciones”, las cuales deben ser atendidas de “forma imparcial en un plazo razonable y siguiendo el debido proceso”.
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