Hoy se celebra en Venezuela el día de una de las profesiones más arriesgadas y perseguidas de esta etapa política del país: el periodismo. La fecha fue escogida para honrar al Correo del Orinoco, el primer periódico patriótico fundado por Simón Bolívar el 27 de junio de 1818, cuya finalidad era promover la independencia latinoamericana del imperio español.
En la actualidad, el mayor peligro recae en los comunicadores sociales críticos y/o que laboran para medios informativos opuestos al Gobierno. Aunque en la pasada gestión de Hugo Chávez hubo cientos de procesos penales y cierres contra algunas estaciones audiovisuales, entre ellas Rctv, tanto el Colegio Nacional de Periodistas como el Instituto Prensa y Sociedad han alertado sobre una perniciosa modalidad de censura: la compra de medios de comunicación por parte de grandes empresarios afines al chavismo que imponen su línea editorial y retrasos en la asignación de divisas para la compra de papel periódico con el fin de afectar a los impresos.
Ante esta situación, está floreciendo en Venezuela el periodismo digital. Casi de la noche a la mañana han surgido cientos de páginas webs informativas que, incluso, marcan la pauta a los demás medios tradicionales. Incluso, hasta el público en general se ha convertido en “reporteros comunitarios” utilizando sus propias cuentas de redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, incluso muchos tienen sus propios “blogs” para informar. Sin embargo, existen intenciones por parte de la revolución de restringirlos, lo que supondría afectar el libre acceso a la internet y ocasionaría la condena mundial.
A propósito, la periodista Maye Primera de El País de España presentó el siguiente reportaje titulado: “El periodismo venezolano se refugia en internet ante la presión chavista”, donde se explican con detalles el drama de los periodistas venezolanos en su deber de informar a través de la red digital.
“Por una puerta han entrado la censura y el dinero de la corrupción a los medios tradicionales venezolanos, y por otra se han marchado los periodistas —y con ellos, el periodismo— a las plataformas digitales. Durante el último año, cuando se han conjurado en Venezuela la crisis global de la prensa, el cerco económico y político a la libre información y la compra de televisoras, radios y diarios por parte de capitales asociados al chavismo, han surgido o se han fortalecido una decena de nuevos medios digitales que apuestan por darle a los ciudadanos las noticias de actualidad que han dejado de aparecer en la prensa y las pantallas locales.
La enfermedad del expresidente Hugo Chávez fue el más sonoro entre muchos casos donde el Gobierno se esmeró en ocultar información que debía ser del conocimiento público, y marcó el comienzo de la migración a la web de una audiencia ávida por saber. A Chávez se le diagnosticó en junio de 2011 el cáncer que le causó la muerte en marzo de 2013, pero ni Chávez ni sus ministros, que se jugaban la reelección en octubre de 2012, informaron oficialmente qué órganos del cuerpo del presidente-candidato estaban afectados por la enfermedad ni cuán grave era su estado de salud, quiénes eran los médicos que lo trataban y cuál era su expectativa de vida.
El periodista Nelson Bocaranda fue el primero en dar la noticia del cáncer de Chávez y el único que logró ofrecer información de primera mano sobre los tratamientos y cirugías a los que fue sometido, a través de su página web Runrun.es, creada ocho meses antes, después de que, por presiones gubernamentales, fuese cancelado el programa de radio que conducía. Desde entonces el tráfico en su página ha tenido un crecimiento sostenido del 20% al mes. “Cada día más venezolanos acuden a las redes y a los portales para buscar la información que no aparece en los medios tradicionales a causa del miedo, de la censura o la autocensura”, dice Bocaranda. “Nosotros estamos montados encima de la información y nos hemos dedicado mucho más a la investigación que otros medios digitales”, asegura.
Dos de las mejores periodistas venezolanas de investigación, Tamoa Calzadilla y Lisseth Boon, se han incorporado este mes a la plantilla de Runrun.es. Ambas solían trabajar en la unidad de investigación de la Cadena Capriles, el grupo editorial al que pertenece el diario Últimas Noticias, el de mayor circulación del país, y que en mayo de 2013 fue comprado por un grupo anónimo de empresarios vinculados al chavismo. Ambas renunciaron a sus cargos cuando sus reportajes comenzaron a ser censurados por la nueva administración. El último que logró salir a la luz demostraba cómo funcionarios de la policía política habían disparado contra un grupo de estudiantes durante la primera manifestación del 12 de febrero, donde murieron dos jóvenes tiroteados. Este trabajo ganó el lunes el primer lugar del concurso anual de reportajes que organiza en Venezuela el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys).
Desde que asumió el poder Hugo Chávez, en 1998, los diarios venezolanos habían logrado sortear, aunque con dificultades, la presión económica y política a la que ya habían sucumbido los medios radioeléctricos, tras el cierre de Radio Caracas Televisión y de 34 emisoras radiales entre 2007 y 2009, y la venta del canal de noticias Globovisión, abiertamente crítico con la gestión del chavismo, a empresarios que deben su ascenso económico a sus vínculos con el poder político. “El momento crítico para la prensa escrita llegó con la compra de medios por parte de empresas fantasmas o de personas ligadas al chavismo que no dan la cara sino que se escudan en testaferros y ponen los periódicos al servicio del Gobierno”, explica la periodista Tamoa Calzadilla.
A esto se suma que las autoridades niegan a los diarios independientes el acceso a divisas para la compra de papel, en el contexto del férreo control de cambios vigente desde 2003. Los periódicos, en consecuencia, han reducido drásticamente su paginación o han dejado de circular. “Esta crisis de la industria periodística está generando una búsqueda que aún no sabemos adónde va. Pero todo parece indicar que la respuesta está en los medios digitales, al menos a medio plazo. También está demostrando que la crisis es de los medios pero no de los periodistas ni del periodismo, que buscan nuevos espacios para llegar a la audiencia, decir verdades y mantener el compromiso de siempre en otras plataformas”, explica Calzadilla.
A esa nueva oligarquía que ha florecido a la sombra de los contratos públicos en la era del chavismo se le conoce en Venezuela como boliburguesía, desde que el periodista y escritor Juan Carlos Zapata la bautizó así, en enero de 2004, en su web de confidenciales económicos Descifrado.com. “Ese año comenzaron a aparecer los empresarios ligados al chavismo y los funcionarios que estaban en grandes operaciones, acumulando grandes fortunas, lo que se hizo evidente dos años más tarde, cuando publicamos la primera lista de los boliburgueses”, recuerda el periodista, creador del nuevo portal de información Konzapata.com. Fundado este 2 de junio, la idea es “publicar lo que otros no publican e interpretar las relaciones de poder, escudriñarlas”. Ya lo han logrado con la cobertura del caso Jorge Giordani —el gurú económico de Chávez recién expulsado del Gobierno por Nicolás Maduro—, gracias a una red de informantes, de dentro y de fuera del Gobierno.
El 3 de mayo pasado también salió al aire el capítulo venezolano de Poderopedia: una plataforma destinada a dibujar las relaciones de poder entre personas, empresas y organizaciones, que hasta ahora ha publicado más de 200 reseñas y los perfiles de 35 empresarios, políticos y militares con influencia en la toma decisiones públicas y privadas en Venezuela. Esta web, dirigida por el periodista César Batiz, se nutre de la muy escasa información disponible en los registros públicos y de lo que ya ha sido difundido por otros medios. “En Venezuela cada día hay un ocultamiento mayor de la información. No tenemos acceso a declaraciones juradas de bienes o de impuestos, que en otros países son públicos. En el Registro Nacional de Contratistas observamos, por ejemplo, que no se reportan todas las obras y contratos públicos obtenidos por las empresas”, afirma Batiz, tres veces ganador del premio nacional de reportajes de investigación de Ipys.
Las dos últimas generaciones de periodistas venezolanos se han formado bajo la política del secretismo de Estado, donde la información que solía ser pública dejó de serlo y los funcionarios no cumplen con la obligación constitucional de rendir cuentas de su gestión. Un grupo de ellos inauguró, en junio de 2010, la web Armando.info con algunos de los grandes reportajes producidos por la primera promoción de la diplomatura de Periodismo de Investigación que no tuvieron cabida en los medios locales: los términos leoninos en que se basan los millonarios contratos entre China y Venezuela para construir viviendas o la exportación clandestina del coltán del Amazonas venezolano. El gran desafío, explica la periodista Emilia Díaz-Struck, integrante de este colectivo de jóvenes periodistas, es conseguir el financiamiento que hace posible la producción de estas historias: “Uno de los retos que se le plantean a estos espacios es el mismo que en otras partes del mundo: encontrar un modelo de negocios que permita la sostenibilidad en el tiempo y conservar la independencia”, afirma. “Esto es clave para que pueda haber un desarrollo de una agenda propia e independiente y que los medios digitales tengan larga vida”, analiza.
El legado de Chávez que Maduro continúa
El artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece una clara protección a la libertad de expresión y la libertad de prensa para sus ciudadanos, especificando que la comunicación es libre y plural.
“Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa”, reza la Carta Magna vigente desde 1999 e impulsada por el Gobierno del fallecido Hugo Chávez.
Sin embargo, a pesar de lo innegablemente clara que es la Constitución Bolivariana, como la llaman los seguidores de Hugo Chávez, en referencia a este tema, las evidencias de graves violaciones a este derecho fundamental de los seres humanos son apabullantes.
Para el Gobierno, los medios que reseñan los conflictos sociales que atraviesan los venezolanos en su día a día, son terroristas informativos que buscan generar zozobra. Saboteadores financiados por “el imperio”, pitiyaquis o fascistas, son los calificativos favoritos de los miembros del alto Gobierno al referirse a los medios de comunicación que no convergen en la línea editorial oficialista.
Sin embargo, lo crónico del asunto es que los ataques no se detienen en meras etiquetas despectivas. Gracias a la extensión de la influencia del Ejecutivo en el resto de los Poderes, el Gobierno tiene facultades para ejercer control sobre los medios de comunicación.
La Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, expresó en febrero al diario colombiano “El Espectador”, que “La situación de la libertad de expresión en Venezuela es grave, como lo ha dicho la Relatoría en todos sus informes. Es grave porque el marco jurídico es de enorme ambigüedad y el gobierno tiene facultades muy fuertes para sancionar a los medios o incluso sacar a los medios del aire”.
“El gobierno suele entender que una expresión crítica como salir a protestar o no estar de acuerdo es casi que ilegal y subversivo. Eso es muy complicado en un país que está sometido al derecho internacional de los derechos humanos, un derecho que supone que la base de todas las democracias es la deliberación plural y colectiva, y la deliberación supone puntos de vista diversos”, comentó.
Más allá, Botero explicó que “el marco jurídico que regula las telecomunicaciones en Venezuela tiene normas incompatibles con los derechos humanos, como estas normas ambiguas, y que la manera como ha sido aplicado tiene problemas serios de compatibilidad con ese marco internacional. Lo hemos dicho expresamente en casos ante la Corte y ante la Comisión Interamericana y en los informes de la Relatoría”.
Raspados en el exámen
La ONG Freedom House informó a principios de mayo de este año que Venezuela figura en la lista de países latinoamericano sin prensa libre junto a Cuba, Honduras, Ecuador y México.
Esta conclusión se obtuvo a partir de un informe que la ONG elabora a partir de 23 preguntas y 132 indicadores divididos en 3 categorías: el entorno jurídico, el político y el económico, donde el menor puntaje se adjudica a la situación más libre y el mayor a la más limitada.
Venezuela quedó ubicada en el puesto 171 entre los 197 países evaluados por Freedom House y la sitúa en el penúltimo lugar de América Latina, sólo por delante de Cuba.
Este problema se originó tras la llegada de Hugo Chávez al poder y comenzó una espiral en descenso hacia deterioro desde entonces, puesto que en 1993 Venezuela figuraba entre los países con prensa libre. Entre 1994 y 2001 estuvo en el grupo de naciones con libertad de prensa parcial. Desde 2002 se encuentra entre las que carecen de ella y cada año tiene una evaluación peor.
“El presidente Nicolás Maduro continuó los esfuerzos de su predecesor (Hugo Chávez) para controlar la prensa. La puntuación de Venezuela disminuyó debido, en parte, a la adquisición de medios como la televisora Globovisión por empresas privadas vinculadas al gobierno”, indicaron.
El diario El Nacional informó en el marco del día mundial de la libertad de prensa que sólo en febrero, mes en el que comenzaron las masivas protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, se vulneró en 299 ocasiones este derecho fundamental, lo que representa un aumento del 500% con respecto a febrero de 2013.
Si se considera el primer cuatrimestre entero (enero – abril) el total de incidentes asciende a 325. Es un 240% más que en el mismo período del año pasado.
Rating Obligado
A lo largo de abril Maduro habló más de 22 horas por cadena nacional, un promedio de 45 minutos por día.
Las cadenas nacionales, son un recurso que está pensado sólo para situaciones extraordinarias pero ante la excesiva frecuencia que lo utiliza el Gobierno se evidencia la fragilidad de la libertad de prensa en Venezuela. Las posibilidades de expresión se vuelven muy desiguales cuando un gobierno utiliza todos los recursos del Estado para imponer su punto de vista y atacar a los que piensan diferente.
Se ha llegado al extremo de transmitir un “noticiero de la Patria” en cadena nacional, donde dos anclas invaden periódicamente los hogares de los venezolanos durante las horas pico de audiencia para emitir información con el sello de aprobación del Ejecutivo.
A esto se le suma la insólita difusión de un documental entero sobre el intento de golpe de estado del 11 de abril de 2002.
Entre el 19 de abril de 2013, cuando asumió la presidencia, y el 19 de abril de 2014, el mandatario habló 193 horas y 23 minutos en 147 cadenas diferentes. Equivale a 8 días continuos y a 32 minutos por día, superando a Chávez, quien entre 1999 y 2012, “encadenó” a las televisoras y radios en cerca de 2.500 ocasiones, acumulando más de 1.700 horas de transmisión. Esto equivale a cerca de 70 días ininterrumpidos, y más de 200 días laborables de 8 horas. Durante esos 14 años, se promediaron 20 minutos de Cadena de Radio y TV por día.
Callando las voces disidentes
El 27 de mayo de 2007, hace casi ya 7 años, el Gobierno canceló la concesión de Radio Caracas Televisión (RCTV), medio icónico de Venezuela que era considerado un patrimonio por muchos y que fue en su momento la ventana de información y entretenimiento más importante del país.
“Llueva, truene, relampaguee, lloren los oligarcas o no lloren, el domingo a la media noche se acaba la concesión del canal 2 a esta empresa privada”. Así se expresó Hugo Chávez cuando puso fin al legado de 50 años de RCTV, entre protestas y el clamor de cientos de trabajadores que perdieron sus empleos.
Casi de inmediato, el Gobierno fundó el canal TVES sobre las cenizas y equipos de RCTV, que hoy en día dirige Wiston Vallenilla.
Por otra parte, Globovisión, el único canal de noticias 24 horas al día de Venezuela y disidente del Gobierno por excelencia representaba la último bastión de libertad de expresión en la televisión Venezolana. Resistió múltiples intentos del Gobierno para acabar con él, multas millonarias y persecución, hasta que la situación obligó a la directiva del canal a venderlo.
En su momento, Carlos Correa, director de la ONG de defensa de la libertad de expresión Espacio Público, señaló a AFP que “los propietarios decidieron vender forzados por la inviabilidad política y económica del canal, sometido al hostigamiento sistemático del gobierno, por lo que está claro que los nuevos dueños cambiarán la línea editorial y la oposición perderá un espacio para expresarse”.
Escasez de papel
A todo esto, se le suma la escasez de papel periódico que ha llevado a cientos de medios escritos a cerrar o disminuir sus páginas. La negativa del Gobierno en adjudicar las divisas para adquirir el papel, producto importado ha hecho que la publicación sea muy cuesta arriba.
“Desde 2012 dejó de ser un bien prioritario para el país, por lo que los interesados en comprarlo en el exterior deben tramitar el Certificado de No Producción ante el Ministerio Comercio; posteriormente solicitar a Cadivi el permiso de importación para iniciar el trámite y, finalmente, obtener los dólares a través del órgano, cancelar el papel al proveedor extranjero y obtener el producto”, señaló la ONG Espacio Público.
En medio de todas las dificultades, el periodismo digital es la herramienta que los profesionales de la información y los ciudadanos utilizan para mantenerse al tanto de la realidad del país y a su vez, aportar su grano de arena con los reportes ciudadanos.
De lo que no cabe duda alguna es que el ejercicio del periodismo en Venezuela es una auténtica proeza.
Abraham Puche / EV Houston / Foto: Archivo
