Un agrupación de dieciséis fiscales generales de EE.UU. retaron este miércoles en una corte federal de Nueva York la decisión de la administración del presidente Donald Trump de poner fin al programa DACA, que beneficia a más de 800.000 jóvenes inmigrantes.
Los fiscales han argumentado en la demanda, en la corte para el distrito este de Nueva York, en Brooklyn, que la decisión anunciada por el fiscal general del país, Jeff Sessions, viola los derechos del debido proceso y afecta a los residentes, instituciones y economías de los estados.
Además, afirman que poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), creado en 2012 por orden ejecutiva del presidente Barack Obama, viola la cláusula de igual protección de la Constitución por discriminar a los mexicanos, que representan el 78% de los que se benefician de la iniciativa.
Según la demanda, presentada por los estados de Nueva York, Massachusetts, Washington, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Iowa, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y el distrito de Columbia, la medida tiene la intención “de castigar y menospreciar a gente de raíces mexicanas”.
Eric Schneiderman, fiscal general de Nueva York, que encabeza la demanda, reiteró al anunciar la acción legal que la decisión de la administración Trump fue “discriminatoria” y recordó que los jóvenes acogidos a esta iniciativa respetan la ley, trabajan duro y pagan impuestos.
“Estados Unidos es el único hogar que han conocido y merecen quedarse aquí y seguir contribuyendo a nuestra gran nación”, argumentó durante un acto en un centro educativo de Manhattan, en el que sindicatos y diversas organizaciones comunitarias y civiles mostraron su apoyo a los jóvenes.
La demanda argumenta que la suspensión del DACA impactará en sus economías con la pérdida de ingresos por impuestos, trabajadores preparados y obligará a muchos jóvenes a dejar sus estudios.
Aproximadamente 1.400 beneficiarios del DACA perderán su autorización de trabajo y pondrían perder sus empleos a medida que sus términos con el programa comiencen a expirar.
El 97% de los beneficiarios de la DACA en EE.UU. están empleados o van a la escuela y pagan unos 117 millones de euros anuales en impuestos estatales y locales, según estadísticas citadas por la fiscalía general.
El anuncio de eliminar el DACA ha generado protestas a través del país, incluido Nueva York donde fueron arrestadas unas 70 personas por actos de desobediencia civil.
Un grupo de 30 de esos jóvenes se mantienen en huelga de hambre frente al Congreso para pedir a los legisladores que aprueben cuanto antes una ley que les permita evitar la deportación.
En el plano político, los republicanos y los demócratas del Congreso están divididos ante la encrucijada en la que les ha metido el presidente.
En una rueda de prensa en el Congreso, los demócratas unieron filas en defensa de los miles de jóvenes indocumentados que pudieron frenar su deportación y obtener un permiso de trabajo gracias al plan de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), promulgado en 2012 por el entonces presidente, Barack Obama.
Mientras, el Partido Republicano se encuentra dividido entre una minoría de legisladores moderados, favorables a una solución similar al “Dream Act”, y una mayoría más conservadora y opuesta a regularizar la situación de cualquier inmigrantes indocumentado.
El republicano Paul Ryan, presidente de la Cámara Baja, se posicionó a favor de esa idea y urgió a los legisladores a aprobar una ley que permita reforzar la seguridad fronteriza y, al mismo tiempo, resolver el “dilema” de los dreamers.
“El mayor problema es que no tenemos control de nuestras fronteras. Y por eso es totalmente razonable que abordemos la raíz del problema, que es que las fronteras no están suficientemente controladas”, consideró Ryan, el republicano de más rango en el Congreso.
Las irreconciliables posiciones de demócratas y republicanos mostraron lo difícil que es, en un plazo de seis meses, encontrar una solución a la situación de los dreamers.
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