“Las penas de los delitos graves que más daño le hacen a la sociedad venezolana nos parece que no corresponden a la magnitud del daño causado, como es el delito de homicidio, secuestro, traición a la patria, terrorismo y el delito de robo en cualquiera de sus modalidades”, expresó el magistrado.
Moreno aseguró que a su juicio, quienes comenten tales faltas “deben cumplir más de 50 años, todo lo cual requiere que se revise el tope constitucional de 30 años previsto en nuestra Constitución”.
Durante su comparecencia frente a los 545 asambleístas, Moreno también resaltó que la corrupción administrativa “merece el castigo severo de la ley” para impedir que los “enemigos de la patria se enriquezcan de manera desmedida y luego quieran legitimar sus capitales en otros países”.
“Por eso creo pertinente que revisemos con realidad el incremento de las penas en los delitos de corrupción y un sistema anticorrupción que bien podría ser manejado por el Seniat (Hacienda) para hacerse de los bienes y los recursos provenientes de la corrupción administrativa”, expuso.
El jefe del Poder Judicial solicitó además calificar “el delito de intolerancia ciudadana o delito de odio” como una falta penal y revisar, asimismo, la efectividad de las leyes vigentes y los sistemas de investigaciones penales.
“Se hace necesario la revisión exhaustiva de los cuerpos policiales, por eso propongo crear una autoridad única y especial de inspección policial para que revise todos y cada uno de los ingresos de nuevos integrantes en cualquier cuerpo policial del país”, prosiguió.
Moreno agregó que el Supremo está dispuesto a colaborar con la Constituyente “para una revisión exhaustiva del sistema judicial”.
Iveth Villalobos / EV Houston / EFE / Foto: EFE / Archivo