
Roland Ajovi, jurista miembro del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), resaltó que el pronunciamiento sobre la exigencia al Gobierno venezolano en la liberación de líderes opositores como Leopoldo López y Daniel Ceballos consiste en una “obligación que debe cumplir el Estado” y “debe ser acatada la orden”.
“No es algo a lo que el Gobierno tenga una opción, es prácticamente una orden” y advirtió que el Consejo de Derechos Humanos deberá tomar acciones “en caso de que Venezuela no acate el dictamen”, advirtió el experto.
Asimismo, destacó que dichos dictámenes no son acciones de intromisión en los asuntos internos del país: “Esto es un proceso establecido por ONU con el acuerdo de todos los Estados por lo que no interfiere con los asuntos internos de nadie, en cualquier caso que no se puede obtener justicia domésticamente ellos pueden solicitar este mecanismo, así que no interfiere con los asuntos domésticos de nadie. Solo estamos tomando medidas basados en los acuerdos suscritos con Naciones Unidas, no estamos interfiriendo”, dijo.
Según la Constitución de 1999, en su artículo 31, se establece que “toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre Derechos Humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus Derechos Humanos” y agrega: “El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales”, reza.
Es de recordar que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, calificó los pronunciamientos de la ONU como “no vinculantes”.
María Fernanda González/EVHouston / Foto: Referencial