El Gobierno colombiano ajustará la previsión de denuncias que espera recibir por desplazados debido al conflicto armado y que desean recuperar sus tierras, después de que este tipo de demandas haya alcanzado en los últimos tres años un número menor de lo estimado.
“En este momento estamos trabajando en el nuevo Plan de Desarrollo y ahí se están haciendo unos nuevos estimativos de acuerdo a lo que nos ha llegado”, declaró el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, en entrevista con Efe.
En medio del conflicto que se desarrolla en Colombia desde hace más de medio siglo, funciona desde hace tres años la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que pretende devolver a los desplazados por la violencia los terrenos de los que fueron expulsados.
Cuando se redactó la norma, explicó Sabogal, se tomaron como referencia para hacer “un universo probable, un estimativo”, los datos sobre desplazados de los que disponía Acción Social, una agencia presidencial que fue sustituida en 2011 por el actual Departamento para la Prosperidad Social (DPS).
Con base en esas cifras, que hablaban de 4,4 millones de desplazados, según datos oficiales facilitados a Efe, se calculó que entre 2010 y 2014 se registrarían unas 160.000 denuncias para recuperar tierras, algo que finalmente quedó en 66.166, lo que hará que los cálculos gubernamentales se modifiquen a principios del próximo año, si bien Sabogal no quiso especificar si será a la baja.
“Lo vamos a ajustar atendiendo a la nueva realidad que tenemos, a como estamos viendo la situación, en ese sentido lo vamos a ajustar”, zanjó el funcionario, que apuntó a que esa modificación de cifras será relativa a las solicitudes que se espera que lleguen, no a las sentencias que finalmente se ejecuten, pues estas son potestad de los jueces.
Desde la Unidad de Restitución de Tierras se insiste en que este aparente desfase no es en absoluto un fracaso ya que apuntan que el Gobierno “no consideraba como meta” esa cifra de 160.000 denuncias.
“Lo que primero hicimos fue un universo probable, porque en el país desgraciadamente nunca se registró el despojo, había un gran numero de colombianos desplazados pero la figura de despojados no existía. Lo que había entonces era el registro de desplazados a partir del cual se hicieron unos estimados”, afirmó Sabogal.
En este sentido, destacó que “no hay claridad con respecto a la dimensión del problema” y confió en que el futuro ajuste “vaya estandarizando” las cifras.
Según datos del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, en Colombia hay 5,7 millones de desplazados, en tanto que la Unidad de Víctimas, que está adscrita al DPS, contabiliza 5,89 millones, según los últimos datos actualizados.
Sabogal reiteró que, aunque no quieren “minimizar el problema”, tampoco se debe “especular con respecto al numero de reclamantes”.
Y es que en los últimos días varias organizaciones han presentado datos poco halagüeños, que apuntaban a que de ese total de solicitudes presentadas, solo se habían dictado en tres años 1.450 sentencias que obligan a devolver predios a colombianos desplazados.
Organizaciones como la Fundación Forjando Futuros (FFF) calcularon que ese número de sentencias, comparado con el estimativo inicial de 160.000 denuncias, representaba apenas un 0,01 % de los objetivos cumplidos, en tanto que la Universidad Nacional afirmó que, a este ritmo, se tardaría un siglo en devolver el total de tierras despojadas.
“Es un cálculo irresponsable por parte de las organizaciones, porque hablamos de un universo probable, eso no es una meta porque no había datos para estimar la aceptación. No se puede concluir lo que se esta concluyendo, no se puede revolver peras con manzanas”, remarcó Sabogal.
Preguntado sobre qué explicación encuentran desde la Unidad para terminar tan alejados de la estimación inicial, Sabogal respondió que la mejora de las condiciones de seguridad puede haber influido.
“Hemos empezado a encontrar varios motivos, uno que es que en buena parte de la geografía asediada por la violencia la gente pudo regresar por las mejoras en la seguridad. No necesariamente el retorno requiere de la intervención del juez”, dijo.
El funcionario calificó de “muy positiva” la implementación de la norma en estos tres años, e identificó tres aspectos a mejorar.
“Uno es operar en medio del conflicto, dos, la identificación predial cuando la víctima no está en la zona, y por último la eliminación de las minas antipersonales que aún se encuentran en muchos lugares”, enumeró.
EFE / Foto: EFE
