Es de dudar que el presidente Nicolás Maduro haya decidido a última hora no viajar a Chile, a la investidura presidencial de su colega Michelle Bachelet debido simplemente a la conflictiva situación venezolana, como argumentó su canciller Elías Jaua al llegar a Santiago.
Cuesta creer esa versión no sólo porque los conflictos en el país ya llevan un mes, sino porque el propio Presidente y su Canciller aseguraron desde días antes del pautado viaje que lo que denominan “conspiración” o “intento de golpe de Estado” o ” intento violento de derrocamiento” por parte de la oposición venezolana, ya fue controlado, neutralizado. Si el supuesto golpe opositor ya está conjurado, se preguntan muchos, ¿por qué entonces Maduro no viajó a Chile?
También es dudosa la versión según la cual su inasistencia a la toma de posesión de su amiga socialista se haya debido a las posibles críticas de ella misma y de los presidentes asistentes, por las manifestaciones de protesta que celebrarían venezolanos residentes en Chile, a causa de los cuestionamientos de legisladores y del partido chileno de centroderecha Renovación Nacional, o incluso por no encontrarse cara a cara con el vicepresidente estadounidense Joseph Biden.
Esta versión pierde sustento si tomamos en cuenta que Nicolás Maduro hubiese llegado a Chile políticamente blindado después de la victoria obtenida en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) pocos días antes, en la que los países miembros de Petrocaribe y ALBA, junto a Brasil y Argentina, lograron no sólo que ni siquiera se tomara en consideración la posibilidad de una reunión de cancilleres para analizar la situación en el país o el envío de una misión mediadora, sino también una resolución sobre la crisis venezolana muy benevolente hacia su gobierno.
Está resolución dejó aislado a los gobiernos de Panamá, EE.UU y Canadá y estableció la no intervención de la organización en los asuntos internos de Venezuela, lo cual bloqueó cualquier posibilidad de una reunión especial para tomar una posible acción en el marco de la Carta Democrática Interamericana. Esta declaración del Consejo Permanente de la OEA manifestó “reconocimiento, pleno respaldo y aliento a las iniciativas y los esfuerzos del Gobierno democráticamente electo de Venezuela para que continúen avanzando en el proceso de diálogo nacional, hacia la reconciliación”.
A lo anterior debemos sumar el hecho de que si Maduro hubiese ido a Chile no hubiera tenido ni siquiera que asistir a la reunión de UNASUR que trataría el caso venezolano, acordada para el día siguiente de la toma de posesión, ya que desde antes el gobierno venezolano había logrado que fuese una reunión de cancilleres, no de Presidentes y Jefes de Estado.
De la reunión resultó –a pedido del canciller venezolano- la conformación de una comisión integrada por los ministros de Relaciones Exteriores de los países sudamericanos, pero sólo para que “acompañe, apoye y asesore”(no para que medie o facilite) el diálogo de paz sin condiciones convocado por el Gobierno Bolivariano a sectores de oposición, es decir, no toma en cuenta las condiciones para el diálogo establecidas por la MUD y el sector estudiantil. Además, esa comisión evidentemente alineada a la posición del gobierno y que le beneficia no llegará al país sino hasta el mes de abril.
De modo que cabe considerar otras posibilidades que expliquen con mayor sustento la inasistencia del mandatario venezolano en Santiago de Chile. Y una de ellas podría ser la gran ofensiva represiva del gobierno madurista justo los días 11 y 12 de marzo, cuando se llevaba a cabo en el país sureño el traspaso de mando a la presidenta Bachelet y la cita de UNASUR.
Esos dos días cuando se cumplía un mes de las protestas en varios estados del país, iniciadas con una marcha de universitarios por el Día de la Juventud el pasado 12 de febrero y se celebrara el día de la Bandera Nacional, resultaron los más represivos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y de los “colectivos chavistas, cuya semejanza con las “Brigadas de Respuesta Rápida” cubanas, es inocultable.
En esos dos días, se sumaron 3 muertos más a los 25 fallecidos (la mayoría con disparos en la cabeza) y un centenar a los más de 1.500 detenidos desde el 12 de febrero hasta el 11 de marzo. La brutal arremetida de la guardia nacional y las bandas chavistas armadas que los acompañaban, incluyó disparos, abuso en la utilización de gases lacrimógenos, vandalismo, destrozos e invasiones a viviendas y propiedades públicas y privadas, allanamientos a los campus de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) en Barquisimeto y de la Universidad Central de Venezuela en Caracas, así como otros actos de uso desmedido de la fuerza pública, brutalidad, torturas y vejámenes.
El propio Nicolás Maduro venía alentando el salvajismo militar y paramilitar. El pasado 5 de marzo, durante el desfile cívico-militar por la conmemoración del primer aniversario del fallecimiento de Hugo Chávez, ordenó a las unidades de batalla “Hugo Chávez”, a los consejos comunales, a los colectivos y a las organizaciones de campesinos a disolver guarimbas en sus comunidades, así como a seguir la indicación del ex comandante supremo: “Candelita que se prenda, candelita que se apaga”.
Y este 11 de marzo en el estreno de su nuevo programa radial “En contacto con Maduro” volvió con su verbo incendiario en contra de los estudiantes y la oposición, culpándolos de la violencia y prohibiéndoles el paso de las marchas en Caracas y otras ciudades en protesta. El jefe de Estado felicitó la “impecable” actuación de las fuerzas de seguridad y anunció que tomaría medidas de seguridad más drásticas en contra de los supuestos “asesinos fascistas” responsables de la violencia e, indirectamente, con intervenir a alcaldías opositoras por no parar las protestas.
El empecinamiento del gobierno en acabar la ola de protestas pacíficas con mayores embates represivos utilizando hasta la tortura – el Relator Especial de la ONU contra la tortura, Juan Méndez, ha calificado como “muy graves” muchas denuncias de tortura recibidas hasta el momento- y de negarse a entablar un sincero e igualitario diálogo con las diversas fuerzas democráticas del país, no hace sino acelerar su descomposición y acentuar su desprestigio interno y externo.
A más represión y abuso, más deslegitimación y más acusaciones por delitos de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional de la Haya, como ya a un grupo de partidos políticos de Argentina junto a diputados y senadores de otras naciones latinoamericanas.
Lcda. en Comunicación Social / Columnista
