La juez de ejecución acordó detención domicilaria para Iván Simonovis a fin de que reciba el tratamiento médico solicitado por la defensa. La información la dio a conocer su esposa, Bony Pertiñez, la madrugada de este sábado e indicó que el comisario ya se encuentra en su casa con su familia.
“La juez de ejecución acordó otorgarle a @simonovis Detención domiciliaria con apostamiento del Sebin a fin que reciba tratamiento medico”, escribió Bony Simonovis en su cuenta de Twitter @bonysimonovis
Asimismo, su esposa comentó a través de la red social que el excomisario tiene prohibido declarar ante medios, utilizar redes sociales y hacer actos proselitistas.
Toda una vida dedicada a la seguridad del pueblo venezolano
Iván Antonio Simonovis Aranguren nació el 3 de marzo de 1960 en el seno de una familia con trayectoria policial. El fundador de la Policía Técnica Judicial (PTJ), Honorio Aranguren, fue su abuelo. Por su parte, César Simonovis -padre de Iván- también trabajó en el mismo cuerpo policial.
En 1980, Simonovis ingresó al Cuerpo Técnico Policía Judicial (Ctpj), lugar en el que se graduó como Investigador Criminal y del que egresó en 2002 por renuncia. También se graduó del Instituto Universitario de Policía Científica. Parte de su conocimiento y experiencia los puso a disposición de las divisiones aéreas, robos, brigada, acciones especiales, división de operaciones y las filas del Grupo Brigada de Asuntos Especiales.
Destaca en su experiencia profesional con especialidad en antiterrorismo y sus pasantías en la Policía Nacional de Francia, la Federal Alemana y la del Estado de Nueva York. En Venezuela fue un efectivo de seguridad con larga trayectoria, especialista de seguridad en áreas de investigaciones, protección física y prevención.
Fue acreedor de varias distinciones internacionales provenientes de los cuerpos policiales de Alemania, Francia y América. Resalta su participación como escritor en periódicos y revistas nacionales e internacionales. Dictó además alrededor de 1.500 horas de conferencias referentes a la criminilidad de Venezuela y Latinoamérica.
La docencia también la ejerció, esto lo hizo en el Instituto de la Policía Científica.
Cargos públicos
El ministro de Relaciones de Interiores para el año 2000, Luis Alfonso Dávila, designó a Simonovis como secretario de seguridad ciudadana de la Alcaldía Mayor, jurisdicción que estaba bajo la dirección del alcalde mayor Alfredo Peña.
Mientras estuvo en la Alcaldía Mayor, el comisario Simonovis planificó el modelo de seguridad “plan Bratton” bajo la asesoría del mundialmente reconocido agente de seguridad estadounidense William Bratton.
La dirección de Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos tuvieron la supervisión de Simonovis en temas de seguridad en materia en marchas y manifestaciones públicas.
“Durante 23 años ininterrumpidos trabajé en la Policía de investigación Criminal de Venezuela y, por mis meritos, en el año 2000 fui escogido para ocupar el cargo de Secretario de Seguridad Ciudadana del Distrito Capital (…) Mi función era la coordinación y supervisión de las políticas de seguridad pública de la ciudad de Caracas, Venezuela”, escribió Simonovis en una carta dirigida al Presidente Hans – Pert Pöttering y demás miembros del Parlamento Europeo.
Luego de los hechos ocurridos el 11 de abril de 2002, Iván Simonovis se dedicó a prestar servicios de asesoría en materia de seguridad en el sector privado.
Nueve años privados de libertad
El 22 de noviembre de 2004, en el aeropuerto Internacional La Chinita -ubicado en Maracaibo- funcionarios de seguridad aprehendieron a Iván Simonovis por su presunta vinculación en los hechos suscitados el 11 de abril de 2002. Al comisario se le atribuyó responsabilidad en los hechos violentos y asesinatos de ese día por ser el comisario principal del entonces alcalde Alfredo Peña.
El delito principal imputado fue el de “Cómplice Necesario en la Comisión de Homicidio Calificado en Grado de Complicidad Correspectiva”, previsto y sancionado en los Artículos 406, numeral 1º, y 426, en concordancia con el Artículo 84, numeral 2º y último aparte del Código Penal vigente.
Tras 3 en años en juicio, la sentencia llegó. El 3 de abril de 2009 la jueza Maryori Calderón anunció 30 años de prisión para Simonovis.
Estuvo 8 años recluido en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), lugar que describió como “una caja de concreto, sin luz natural, ni ventilación”.
Posteriormente fue trasladado al Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), conocido como “la cárcel de Ramo Verde”, donde permaneció hasta que fue trasladado de emergencia al Hospital Militar por problemas abdominales e inflamación de colon.
En 2009 la defensa solicitó que se le dictara una medida humanitaria al comisario Simonovis, medida que fue negada por el tribunal Primero de Ejecución del estado Aragua. En 2011 los tribunales le otorgaron medidas humanitarias a otros implicados en el caso del 11 de abril; sin embargo, el Gobierno rechazó con insistencia otorgar medida humanitaria a Simonovis.
En 2013 se hizo nuevamente la solicitud, pedido que fue rechazado. El 15 de diciembre de 2013, la fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró que apoyaría cualquier beneficio humanitario que el Tribunal considere otorgar al excomisario Iván Simonovis.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro aseveró en cadena nacional que era imposible otorgarle la medida. A su vez, Ortega Díaz manifestó después de la alocución del Ejecutivo que le correspondía al tribunal competente pronunciarse sobre el caso.
Simonovis padeció durante su encierro 19 patologías, entre ellas, osteoporosis severa, cinco hernias, dos discos de la columna fracturados, lumbalgia mecánica, deficiencia severa de vitamina D y síndrome del túnel carpiano.
Líderes políticos junto con su esposa le enviaron una carta al Papa Francisco en Roma, abogando por la salud de “los presos políticos” del país, en especial por la de él. La organización internacional Human Rights Foundation catalogó a Iván Simonovis como prisionero político.
Abraham Puche / EV Houston / Foto: Cortesía
