Deportación Masiva | Héctor López

A pocas semanas de la toma de posesión del segundo mandato del presidente Trump, hay mucha incertidumbre y ansiedad en la comunidad inmigrante en los EEUU. Trump prometió durante su campaña que el “primer día” lanzaría el mayor programa de deportación de criminales en la historia de Estados Unidos. Si bien no se han publicado detalles concretos, sabemos que la administración entrante tomará medidas para ampliar sus facultades existentes, como las asociaciones entre las fuerzas del orden estatales y locales y la deportación acelerada, para aumentar la capacidad del gobierno federal de arrestar y deportar a más personas.
Cualquiera que se encuentre en el país ilegalmente corre el riesgo de ser arrestado, pero que quienes representen “amenazas a la seguridad pública y nacional” estarán en los primeros puestos de su lista. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) depende en gran medida de las autoridades policiales estatales y locales para identificar y perseguir a las personas sospechosas de ser indocumentadas, porque es menos costoso que ir a las comunidades y realizar arrestos “en general”. Desde 2015, el 82% de los arrestos del ICE ocurrieron dentro de una cárcel local, estatal o federal.
La administración entrante está explorando formas de ampliar la autoridad de las fuerzas del orden locales para facilitar el arresto de personas sospechosas de ser indocumentadas durante paradas de rutina. Esto significa que cualquier contacto que una persona indocumentada tenga con un oficial de policía local u otras agencias de aplicación de la ley locales podría resultar en arresto, detención y deportación para esa persona y otras personas a su alrededor. Otras personas que podrían ser blancos fáciles para la administración entrante son los casi 1,3 millones de personas que tienen una orden de deportación final, muchas de las cuales están actualmente vigiladas por el ICE. Debido a que ya tienen una orden de deportación, estas personas no tendrán automáticamente la oportunidad de presentarse ante un juez de inmigración.
Durante el primer mandato de Trump, a muchas personas en esta situación se les ordenó presentarse ante el ICE, fueron arrestadas y deportadas rápidamente con poco aviso. Sus seres queridos también podrían estar en riesgo de ser arrestados, ya que los agentes del ICE también han puesto en la mira a quienes no están en su radar pero que viven o trabajan cerca de personas bajo vigilancia actual. Estos “arrestos colaterales” podrían ocurrir en lugares donde las personas trabajan o en sus hogares.
La administración Trump probablemente tendrá en la mira a algunas de las 863.000 personas protegidas por el Estatus de Protección Temporal (TPS), que provienen de países que el gobierno federal considera demasiado inseguros para regresar. Actualmente, hay 16 países que están designados para el TPS, y 13 de ellos expirarán en 2025. Durante su primer mandato, Trump intentó terminar el TPS para más de 400.000 ciudadanos de El Salvador, Honduras, Haití, Nicaragua y Sudán, entre otros. Sin el TPS, estas personas podrían enfrentar el riesgo de ser expulsadas en el marco de una campaña de deportación masiva.
El estudio del Consejo Estadounidense de Inmigración sobre los costos de la deportación masiva concluyó que el gobierno tendría que gastar al menos 88 mil millones de dólares por año para ampliar drásticamente su infraestructura de detención y deportación para deportar a un millón de personas por año. Incluso con este financiamiento, la administración Trump se enfrentará a otros obstáculos para poder cumplir su objetivo. Con unos 3,7 millones de casos pendientes en las cortes de inmigración ante tan sólo unos 700 jueces de inmigración, estos casos podrían tardar años en resolverse.
También hay varios países como Rusia, Venezuela y China que rechazan rotundamente o limitan el número de personas deportadas que aceptan. Si bien Trump está creando una lista de países a los que deportar a las personas cuando sus países de ciudadanía no las aceptan, algunos ya han rechazado esta idea. Esto significa que, aunque veremos un aumento en los arrestos, no necesariamente veremos un aumento similar en las deportaciones.
Consulte siempre con abogados de inmigración licenciados en los EEUU y no con notarios, consultores o coaches de inmigración, los cuales no se encuentran acreditados ni poseen el conocimiento adecuado para realizar determinaciones legales de elegibilidad. Si desea analizar o consultar su situación inmigratoria individual con el autor, debe llamar al 833-MIGRACION y concertar una cita. www.abogadolatinohouston.com