Una investigación de la justicia de Andorra, develó que el empresario de los seguros venezolano, Diego Salazar y sus colaboradores, cobraron 200 millones de dólares a cinco compañías chinas.
Este megacontrato se encontraba vinculado a un nido de corrupción en el área de construcción de infraestructuras energéticas en el país sudamericano, lo cual generó un negocio de comisiones ilegales, producto de dichos sobornos chinos.
El documento establecía que si estas empresas chinas conseguían obras por valor de 176 millones de euros, Highland Assets, sociedad tras la que se ocultaba Salazar y un colaborador, recibiría un 10 por ciento neto del volumen de negocio.
La red de Salazar había escondido su botín en la Banca Privada d’Andorra (BPA), un banco que había sido cerrado en 2015 por las autoridades debido a blanqueo de capitales.