Imagen de archivo del logo de Chevron. EFE/EPA/ALLISON DINNER
Chevron se ha convertido en un actor clave en el complejo escenario energético y político de Venezuela. Durante las últimas dos administraciones estadounidenses, su presencia ha estado marcada por sanciones, licencias especiales y un creciente escrutinio de diversos sectores, especialmente de la diáspora venezolana.
¿Qué significa cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) emite una licencia especial? Es una autorización del gobierno de EE.UU. que permite actividades económicas o comerciales específicas que, de otro modo, estarían prohibidas bajo las sanciones vigentes. Estas licencias funcionan como excepciones autorizadas, de carácter público, siempre que se cumplan estrictamente sus condiciones establecidas.
Recientemente, medios internacionales como Bloomberg reportaron que la administración Trump estaría otorgando una segunda extensión de la autorización a Chevron antes de que la empresa concluya sus operaciones en territorio venezolano. Sin embargo, no se explicó que esta posible extensión no le permitiría a Chevron producir y exportar crudo de manera amplia, como lo había estado haciendo desde noviembre de 2022.
En realidad, en la madrugada del martes 27 de mayo, la Licencia General 41B expiró, y con ella, la capacidad de Chevron para continuar operando en Venezuela. Se espera que varias agencias anuncien pronto nuevas medidas alineadas con la política energética de la administración Trump entre 2017 y 2021.
Durante la primera administración Trump, Chevron operó en Venezuela bajo una política de máxima presión contra el régimen de Nicolás Maduro. A pesar de las sanciones, la empresa logró mantener una producción promedio de 60,000 a 70,000 barriles diarios gracias a la Licencia General 8, que le permitía realizar ciertas actividades esenciales. Esta licencia, emitida por OFAC, formaba parte de un marco más amplio de sanciones destinadas a limitar los flujos financieros del régimen.
En noviembre de 2022, la administración Biden cambió el rumbo al emitir la Licencia General 41, que autorizó a Chevron a expandir sus operaciones en Venezuela. Por primera vez en años, la empresa pudo producir, exportar y enviar crudo a refinerías estadounidenses, alcanzando un pico de producción de 300,000 barriles diarios. Esto cambió con la emisión de las Licencias 41A y 41B por parte de la nueva administración Trump, que limitaron las operaciones a actividades mínimas y al “desmantelamiento ordenado” de sus activos en el país. Estas restricciones redujeron inmediatamente la producción y paralizaron nuevas inversiones.
En septiembre de 2024, organizaciones ciudadanas lideradas por venezolanos en EE.UU. alertaron sobre lo que consideraron un exceso de Chevron en los límites de su autorización de OFAC. Desde Houston, en nombre de Unidad Houston, advertimos: “Exigimos que se informe a los venezolanos sobre los términos del acuerdo privado entre PDVSA y Chevron, que permite a la corporación estadounidense producir, exportar y entregar crudo a refinerías de EE.UU., y luego cobrar por el petróleo venezolano. Eso no está permitido bajo la Constitución venezolana.”
Meses después, varios informes confirmaron que Chevron había estado pagando dividendos a PDVSA y otras agencias estatales venezolanas, lo que generó indignación en sectores de la diáspora, que interpretaron el movimiento como una violación de las condiciones establecidas en las licencias emitidas por la administración Biden.
Las protestas ya se habían intensificado tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, que declararon ganador a Edmundo González Urrutia. Activistas denunciaron que los ingresos petroleros no se estaban destinando a políticas sociales o servicios públicos, sino que se usaban para fortalecer la maquinaria represiva del régimen. Esto dio origen al lema: “Chevron produce petróleo de sangre.”
Desde Houston y Miami, la comunidad venezolana organizada pidió a la nueva administración Trump tomar medidas más fuertes para cortar las fuentes de financiamiento del régimen de Maduro. En ese momento, declaramos: nuestra prioridad no es sacar a Chevron de Venezuela, nuestro objetivo es acabar con un régimen criminal que ha sumido a nuestro país en la peor crisis humanitaria de su historia. Una vez desmantelado este régimen opresor, necesitaremos a Chevron y a las principales empresas energéticas del mundo para convertir a Venezuela en el centro energético de las Américas.
La estrategia actual de EE.UU. parece combinar sanciones continuas con controles regulatorios como las Licencias 41A y 41B, junto con la amenaza de aranceles secundarios de hasta el 25% a países que compren petróleo venezolano. Bajo el liderazgo del Secretario de Estado Marco Rubio, esta política busca restringir el alcance financiero del gobierno de Maduro. Aunque han surgido posturas alternativas dentro de la administración estadounidense—como las del Enviado Especial Richard Grenell—, la estrategia general apunta hacia un enfoque más calculado.
Hoy, con la producción petrolera nacional en declive y países como China, India y varios en Europa posicionándose como los principales compradores del crudo venezolano, la comunidad internacional enfrenta un dilema claro: ¿Están dispuestos estos países a aceptar las consecuencias de las sanciones secundarias? La respuesta a esa pregunta podría definir el futuro inmediato del mercado petrolero de Venezuela.
En última instancia, las licencias de OFAC no son solo herramientas de cumplimiento técnico. En el caso de Venezuela, se han convertido en instrumentos de presión política, negociación diplomática y activismo ciudadano. El desafío está en asegurar que su uso ayude a abrir caminos reales hacia la libertad, la democracia y el desarrollo sostenible en Venezuela—no a sostener regímenes autoritarios.
Sobre el autor:
Jorge Márquez, Ingeniero Petrolero radicado en Houston, TX.
Especialista en Políticas Públicas y miembro de Unidad Houston, organización de la diáspora venezolana.
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