AP.- La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió el viernes liberar a todos los presos políticos en Venezuela luego de que horas antes se reunió con Nicolás Maduro, quien se comprometió a aceptar sus recomendaciones para mejorar esos derechos.
El de los presos es uno de los puntos más álgidos del debate sobre derechos humanos en Venezuela por las implicaciones políticas de las detenciones.
Al final de su visita de tres días al país suramericano, Bachelet manifestó, desde el aeropuerto internacional, su preocupación por las dificultades que enfrenta la población debido a la compleja crisis económica y social, y admitió ante la prensa que “me duele la situación en Venezuela”.
La expresidenta chilena dijo que ante la dura problemática del país instó a los líderes políticos a que confronten los sufrimientos de los venezolanos y participen “constructivamente” en el proceso para el diálogo promovido desde mayo por Noruega o cualquier otro intento para enfrentar la situación política.
“Mantener posiciones arraigadas en cualquiera de los dos lados sólo agravará la crisis”, agregó. Asimismo, Bachelet exhortó a las autoridades a “liberar a todos a quienes estén detenidos o privados de libertad por ejercer sus derechos civiles y políticos de forma pacífica”.
De igual forma, Bachelet expresó inquietud por las sanciones impuestas este año por Washington a las exportaciones de petróleo y el comercio de oro venezolano, y dijo que esas acciones están “exacerbando la preexistente crisis económica”.
Más temprano, varios cientos de manifestantes, activistas por los derechos humanos, y miembros de partidos políticos se concentraron frente al edificio donde se encuentran las oficinas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el este de la capital, para exigir acciones a Bachelet.
La manifestación del viernes se llevó a cabo horas después del encuentro que sostuvo la alta comisionada con el líder opositor y jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y miembros del Legislativo en el último día de su visita al país.
Al final de la reunión Guaidó dijo a la prensa que Bachelet le anunció que establecerá en el país una oficina temporal para dar seguimiento a la situación de los derechos humanos y que sus funcionarios puedan visitar algunos estados del interior.
El dirigente, que ha sido reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, afirmó que la visita de la alta comisionada es “fundamental” para dar a conocer la dimensión de la situación de Venezuela, que aseguró está “al borde de la catástrofe”.
“Nuestro reto es continuar en las calles”, dijo Guaidó, al remarcar que la oposición mantendrá las protestas para presionar la salida de Maduro.
Poco después la expresidenta chilena acudió a la sede de la Cancillería para sostener una reunión con el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, y otros integrantes de ese cuerpo.
Organizaciones humanitarias dialogaron con Bachelet la víspera sobre los casos de los llamados presos políticos. Estos prisioneros, que se estiman son 693, se han convertido en los últimos años en una de las banderas de los activistas y la oposición que acusan al gobierno de Maduro de violaciones a los derechos humanos. Pero las autoridades sostienen que fueron apresados por delitos comunes y no por razones políticas.
La expresidenta chilena efectuó su visita antes de que en julio presente su informe final sobre Venezuela.
Tres meses atrás Bachelet manifestó en un informe oral su preocupación por la “magnitud” y “gravedad” de la repercusión de la crisis sobre los derechos humanos en Venezuela.
En esa oportunidad la alta comisionada afirmó que las autoridades “se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad” de la crisis en materia de salud, alimentación y servicios, por lo que las medidas que han adoptado “no han sido suficientes”.
Asimismo, se refirió a las denuncias de asesinatos extrajudiciales cometidos por integrantes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la policía nacional, y los casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos este año en las protestas antigubernamentales, cometidos por presuntos miembros de las fuerzas de seguridad y grupos pro oficialistas armados conocidos como “colectivos”.
