Activistas y funcionarios del condado de Hays se reúnen para exigir respuestas sobre una redada realizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) ocurrida el 1 de abril este jueves, frente al Palacio de Justicia del condado de Hays, en San Marcos (EE.UU.). EFE/ Alejandra Arredondo
(EFE).- Las autoridades locales del condado de Hayes, a las afueras de Austin, la capital de Texas, exigieron este jueves respuestas por parte del Gobierno de Donald Trump sobre una redada migrataria que llevó al arresto de 47 migrantes en abril pasado.
Las agencias federales señalaron en su momento que los detenidos, entre los que había menores de edad, estaban conectados con la banda criminal transnacional Tren de Aragua.
Sin embargo, meses después del suceso, las agencias del Gobierno involucradas en la redada no han ofrecido pruebas contundentes para sustentar las acusaciones, según denunció el juez del condado de Hays, Rubén Becerra, durante una rueda de prensa.
“Hemos preguntado a todos los niveles del gobierno federal, todas las ramas, y lo único que hemos recibido ha sido un papel ridículo y genérico con un comunicado de prensa de tres frases”, aseguró Becerra.
En Texas, los jueces de condados son la máxima autoridad administrativa en estas divisiones, con funciones similares a los de un alcalde.
“Todavía no sabemos los nombres de las personas que arrestaron, a dónde se los llevaron ni por qué”, agregó Becerra.
Cuando anunciaron la redada, las autoridades aseguraron que se trató de un operativo tras “un año” de investigación por parte de la policía local y agentes federales a “miembros y socios” del Tren de Aragua.
La redada tuvo lugar en una casa en la localidad de Dripping Springs y las autoridades del Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas obtuvieron una orden de registro después de alegar ante un juez del distrito que tenían motivos para creer que encontrarían sustancias ilícitas, según documentos judiciales.
En los documentos, uno de los agentes de DPS explica que el día previo a la redada obtuvieron información de un “individuo cooperante” de que había “narcóticos y armas” presentes en la casa.
Los agentes decidieron vigilar la residencia, realizaron dos paradas de tráfico a dos carros que estuvieron parqueados allí y en ambos detuvieron a dos migrantes venezolanos que, aseguran, habían sobrepasado su estancia legal en EE.UU. y que tenían en su posesión sustancias ilícitas, según la versión de las autoridades.
De acuerdo con el diario The Texas Tribune, un grupo de personas había alquilado la casa que fue allanada para celebrar un cumpleaños y de los 35 detenidos que pudieron identificar, ninguno tenía antecedentes criminales previos.
“El Gobierno ha asegurado a cada paso que los individuos detenidos tenían nexos con las pandillas, pero tres meses después no hay aún prueba de eso”, señaló Karen Muñoz, activista de la organización Latino Justice, durante la rueda de prensa.
“Una redada de este tamaño, con una colaboración tan profunda entre agencias del orden, debería poner a todos los residentes del condado en alerta”, subrayó.
Las detenciones en Hays se enmarcan en una estrategia usada por el Gobierno Trump a nivel nacional para vincular a los migrantes venezolanos con el Tren de Aragua, usando en la mayoría de los casos los tatuajes como única prueba de “pertenencia” a esta pandilla.
El ejemplo más dramático ha sido el envío de más de cien venezolanos a la prisión de máxima seguridad Cecot en El Salvador, acusándolos de ser parte de este grupo a pesar de que la mayoría no tenía antecedentes penales.
Expertos en este grupo criminal, que nació en las cárceles venezolanas y se ha extendido por varios países de Latinoamérica, han insistido que el Tren de Aragua no usa tatuajes para identificar a sus miembros.
