El informe de Amnistía Internacional sobre los derechos humanos en las Américas develó que la emergencia humanitaria que vive en Venezuela persistió en 2019, cuando las medidas económicas adoptadas por las autoridades resultaron “ineficaces”.
“El Gobierno continuó negándose a reconocer la gravedad de la crisis y a aceptar ayuda de agencias humanitarias. Aumentó el flujo de personas obligadas a viajar a países vecinos para acceder a los bienes más básicos”, subrayó el estudio.
Además, recordaron que Estados Unidos impuso en agosto sanciones a entidades gubernamentales de Venezuela cuyo sobrecumplimiento dio lugar a obstáculos al acceder a bienes en Venezuela, lo que exacerbó la escasez existente de bienes y servicios básicos.
SIETE MILLONES DE PERSONAS NECESITAN AYUDA
Ante esta situación el informe recordó que, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), siete millones de personas precisaban ayuda humanitaria en Venezuela al acabar 2019.
También aseguran que durante el año pasado Venezuela seguía atravesando una crisis de derechos humanos sin precedentes.
“Continuaron las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza y los homicidios ilegítimos por parte de las fuerzas de seguridad en el marco de una política de represión para silenciar la disidencia”, aseveró el informe.
En ese contexto, también subrayaron que las autoridades respondieron a la creciente protesta social con una amplia variedad de violaciones de derechos humanos y una intensificación de la política de represión.
Además, recuerdan que resultaron sometidos presos y presas de conciencia a procesos penales injustos, mientras que la libertad de reunión y expresión siguió bajo amenaza constante y los defensores de derechos humanos sufrían estigmatización y afrontaban cada vez más obstáculos.
EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES
Sobre las ejecuciones extrajudiciales realizadas por las fuerzas de seguridad, principalmente de la Policía Nacional Bolivariana a través de sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), aseguran que 11 hombres jóvenes fueron asesinados entre el 21 y el 25 de enero.
“Todas las víctimas eran hombres jóvenes críticos -o considerados críticos- con el Gobierno, provenían de zonas de bajos ingresos y habían tenido una participación visible o difundida en las protestas”, asegura el informe.
Las autoridades afirmaron sobre el caso que sus muertes dieron lugar en enfrentamientos con agentes de policía y que las víctimas se habían ‘resistido a la autoridad’”, si bien “había indicios de modificaciones en las escenas de los crímenes”.
AI afirmó que puesto que las ejecuciones extrajudiciales parecían formar parte de un ataque sistemático contra la población civil, podían constituir crímenes de lesa humanidad.
Con información de EFE… / Andrea González.