Carvajal era reconocido en su comunidad por investigar y denunciar actos de corrupción de personas influyentes en el Municipio de Pitalito. El periodista trabajó en Radio Sur, afiliada a la cadena nacional RCN, y en las radio-revistas Mirador de la Semana, Amanecer en el Campo y Tribuna Médica, entre otros. Además, era docente y director de una escuela.
Tenía 37 años cuando fue asesinado de siete balazos al salir de la Escuela Los Pinos. El autor del crimen escapó en una motocicleta.
En su sentencia, la Corte IDH determinó que el Estado de Colombia falló en su deber de sancionar a los responsables de la muerte de Carvajal, de garantizar el derecho a la libertad de expresión y de proteger a sus familiares, quienes sufrieron amenazas durante 20 años de búsqueda de la verdad y la justicia.
Por ello, ordenó adoptar diversas medidas de reparación, tales como continuar con las investigaciones y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
También, dispuso garantizar las condiciones de seguridad adecuadas para que los familiares de Carvajal puedan retornar a su país de origen si así lo desean y pagar una cantidad determinada por concepto de daño material e inmaterial y por reintegro de costas y gastos, así como por indemnizaciones para los tratamientos psicológico o psiquiátrico de los deudos.
La Corte IDH, además, advirtió el impacto negativo que tiene la combinación de violencia e impunidad tanto en los periodistas y sus familias, como en la sociedad y cómo ello ha producido que diversas comunidades en Colombia no reciban información sobre temas que les afectan, como el conflicto armado, el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción política.
El Comercio Perú / Foto: EFE