El gobierno de Estados Unidos, impuso sanciones económicas a la primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, y al asesor de seguridad nacional del presidente Daniel Ortega, Néstor Moncada, debido a su implicación en abusos contra los derechos humanos y actos de corrupción.
Dichas sanciones, fueron impuestas por el presidente Trump por medio de una disposición ejecutiva, con el fin de congelar activos y bienes dentro de la jurisdicción estadounidense a funcionarios nicaragüenses y cómplices por participar en actos de corrupción y abusos graves contra los derechos humanos.
Según Trump, la situación en Nicaragua constituye una extraordinaria e inusual amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos y, por tanto, se debe lidiar pronto con esta amenaza.